El anteproyecto se basa en tres ejes principales: agravamiento generalizado de penas, reducción de la edad de imputabilidad y la incorporación de nuevas figuras delictivas adaptadas a delitos contemporáneos.
La presentación se realizó en un acto en el Complejo Penitenciario Federal de Ezeiza encabezado por el presidente Javier Milei junto a la ministra de Seguridad Patricia Bullrich y el ministro de Justicia Mariano Cúneo Libarona, y contó con la participación de juristas que integraron la comisión redactora del texto.
El proyecto propone agravar escalas punitivas en delitos como homicidios, lesiones, robos, estafas y delitos sexuales, declarar imprescriptibles crímenes graves como homicidio, trata y narcotráfico e incorporar figuras nuevas como el secuestro virtual, la pornovenganza y delitos vinculados al uso malicioso de inteligencia artificial.
La iniciativa plantea bajar la edad de imputabilidad a 13 años y restringir beneficios tales como la libertad condicional en casos de gravedad o reincidencia, con el objetivo declarado de asegurar el cumplimiento efectivo de las condenas.
El Gobierno describió la reforma como parte de una doctrina de “tolerancia cero” frente al crimen y presentó la reforma como respuesta a supuestos vacíos garantistas que limitarían la capacidad de las fuerzas y de la Justicia para castigar delitos, mientras adversarios y organizaciones de derechos plantean dudas sobre el impacto procesal y constitucional de algunas medidas.
El proyecto será remitido al Congreso para su tratamiento y debate parlamentario, y el Ejecutivo advirtió que su implementación dependerá de la voluntad de la representación legislativa; el cronograma formal y el recorrido parlamentario determinarán su alcance y posibles modificaciones.
