EDICIÓN 365 - AÑO 2
Según las primeras confirmaciones oficiales, el foco inicial se localizó en un depósito de la zona industrial, donde una detonación hizo que las llamas se propagaran rápidamente a naves contiguas y provocaran daños estructurales en múltiples instalaciones. El operativo de extinción fue masivo: decenas de dotaciones y cientos de personas participaron en la tarea, pero la existencia de “puntos calientes” y el riesgo de colapso de estructuras obligaron a demorar el ingreso de los peritos especializados. Esa demora condiciona los tiempos de la investigación: el trabajo forense sobre restos, residuos y estructuras suele exigir acceso estable y mediciones de seguridad que en incendios de gran magnitud pueden llevar días o semanas.
Las pericias técnicas tendrán como objetivos precisos determinar el punto de inicio del fuego, trazar la progresión de la explosión y el incendio, identificar posibles sustancias o mezclas que hayan potenciado las llamas y evaluar el estado de las instalaciones y los protocolos de seguridad de las empresas afectadas. Además del levantamiento de indicios en el lugar, se esperan análisis de laboratorio sobre muestras de suelo, materiales y posibles residuos inflamables; los peritos estructurales, por su parte, deberán valorar la integridad de las naves y la eventual responsabilidad por fallas en mantenimiento o en procedimientos operativos.
En lo humano y sanitario, las autoridades informaron que no se registraron víctimas fatales confirmadas hasta el momento, aunque sí hubo decenas de personas asistidas por quemaduras y otras lesiones en centros de salud de la zona. Defensa Civil y los equipos de salud local activaron controles y monitoreos de la calidad del aire, ante la presencia de partículas y compuestos que pueden afectar a los vecinos y a los trabajadores. Las mediciones ambientales y las recomendaciones sanitarias permanecerán en primer plano mientras se desarrolla la pericia técnica.
La situación legal que se abre depende de los resultados que arrojen las investigaciones. Si los informes periciales y la documentación interna de las empresas apuntan a negligencias, incumplimientos de normas de seguridad o manipulación indebida de sustancias peligrosas, podrían iniciarse actuaciones administrativas, clausuras preventivas y eventualmente procesos civiles o penales. Por ahora, fuentes judiciales señalaron que la Fiscalía continúa recabando documentación —registros de mantenimiento, inventarios, autorizaciones y turnos de trabajo— y que las empresas afectadas colaboran en distintos grados con los peritos.
Los efectos económicos y operativos también son visibles: varias empresas del polígono reportaron pérdidas de infraestructura y stock, con impacto en la cadena de producción y en el empleo regional. Las autoridades locales ya coordinan líneas de asistencia y evaluaciones para determinar medidas de apoyo a corto plazo.
A la espera de los informes preliminares que marcarán el rumbo de la investigación, el polígono industrial de Spegazzini permanece bajo control operativo restringido y con vigilancia de las autoridades competentes. La combinación de pericias forenses, análisis ambientales y la documentación empresarial será la que, en las próximas semanas, permita cerrar hipótesis y establecer si el siniestro fue producto de un accidente, de negligencias evitables o de alguna otra circunstancia que la investigación judicial deberá esclarecer.
Iron Mountain otra vez en el fuego:
El depósito que guardaba "documentos de la administración pública" entre los galpones destruidos en Ezeiza. Un depósito de Iron Mountain quedó entre las naves afectadas por la explosión y el incendio que sacudió el polo industrial de Carlos Spegazzini, según confirmó el intendente de Ezeiza, Gastón Granados, que además señaló que la firma “hace poco mudó un depósito” al predio y que allí se almacenaban “documentos de la administración pública”.
El nombre de la empresa vuelve a resonar con fuerza en la memoria colectiva: Iron Mountain ya estuvo en el centro del escándalo por el incendio de Barracas en 2014, un siniestro que se probó intencional y que terminó con la muerte de diez bomberos y rescatistas, y que abrió una causa judicial de gran complejidad por la posible eliminación de documentación sensible.
La presencia de un almacén de archivos en un parque industrial que convive con plantas químicas y depósitos de materiales inflamables genera interrogantes que exceden lo accidental y ponen bajo la lupa decisiones de localización, controles y permisos municipales y provinciales. En el episodio de Ezeiza, la onda expansiva y la magnitud del fuego alcanzaron varias naves contiguas y obligaron a un operativo de emergencia que demoró el ingreso de peritos para el levantamiento de pruebas y el análisis forense del origen de la explosión.
La historia judicial y mediática que acompaña a Iron Mountain en el país alimenta además la sospecha pública y la viralización de comparaciones con el caso anterior: la repentina destrucción de depósitos donde se custodian documentos sensibles vuelve a abrir debates sobre transparencia, seguridad de archivos y posibles impactos sobre expedientes o pruebas almacenadas, motivos por los cuales las pesquisas judiciales que se avancen en Ezeiza tendrán un alto valor simbólico y probatorio.
Por ahora las autoridades mantienen el operativo de control y las pericias prometen ser la clave para deslindar responsabilidades. Si los informes técnicos y la documentación interna confirman fallas en protocolos, incompatibilidades en la zonificación industrial o, en el peor de los escenarios, maniobras destinadas a destruir pruebas, la causa podría tomar un derrotero judicial y administrativo que recuperaría las lecciones pendientes desde 2014.
