Desde el pasado 19 de abril, Cuba es escenario de una masiva recolección de firmas impulsada por la administración estatal. Bajo el nombre "Mi firma por la Patria", el oficialismo busca que los ciudadanos suscriban un documento para reafirmar su apoyo incondicional al sistema socialista, condenar el embargo económico de Estados Unidos y defender la soberanía nacional. Según cifras del propio gobierno, a principios de mayo ya se habían recolectado más de 6,2 millones de rúbricas.
No obstante, el relato de una movilización voluntaria contrasta drásticamente con las denuncias que llegan desde dentro y fuera de la isla. Diversas organizaciones no gubernamentales, como el Observatorio de Libertad Académica (OLA), junto a medios independientes, han calificado la medida como un "impuesto de lealtad" exigido bajo severas presiones institucionales.
La exigencia de la firma se lleva a cabo de forma sistemática en dependencias del Estado, centros de trabajo, universidades y escuelas. De acuerdo con las alertas emitidas por el OLA, la situación es especialmente crítica en el ámbito educativo, donde la continuidad académica de los jóvenes queda directamente condicionada a su participación en la campaña y en las jornadas de propaganda gubernamental.
Los testimonios recabados revelan un clima de control social y temor generalizado. Numerosos ciudadanos aseguran firmar por miedo a perder su empleo, sufrir represalias o enfrentar persecución política, llegando en algunos casos a firmar en múltiples ocasiones en sus lugares de trabajo para cumplir con las cuotas estadísticas exigidas por los superiores y evitar ser señalados.
Esta exigencia de fidelidad al Estado no surge en un escenario de estabilidad. La campaña se despliega en medio de una crisis multidimensional que mantiene en vilo al país. Coincidiendo con el inicio de la recolección de firmas, durante el mes de abril de 2026, el Observatorio Cubano de Conflictos documentó más de 1.000 protestas en el territorio.
El descontento popular masivo está impulsado por el colapso de los servicios esenciales, evidenciado en apagones generales prolongados, una escasez crítica de alimentos, altos índices de inflación y la fractura del histórico sistema de racionamiento. Frente a este panorama de tensión social, las autoridades han respondido combinando la presión ideológica en centros de estudio y trabajo con advertencias públicas de que "no habrá impunidad" para los manifestantes.
