Más de un año después de que una activista del grupo Palestine Action destrozara a cuchillazos y pintura roja un retrato centenario en la Universidad de Cambridge, la policía británica decidió archivar el caso sin haber identificado ni detenido a ningún responsable. La resolución, conocida en los últimos días, generó una ola de críticas de dirigentes políticos y expertos en seguridad, que hablan de un preocupante mensaje de impunidad hacia el vandalismo político.
El hecho ocurrió el 8 de marzo de 2024 en Trinity College, la prestigiosa institución de la Universidad de Cambridge. Una mujer, filmada por sus propios compañeros de causa, roció con pintura roja en aerosol el retrato de Arthur James Balfour y luego lo cortó repetidamente con un cuchillo, ante la mirada de otros visitantes del recinto durante el horario habitual de apertura al público.
La obra atacada no era un cuadro cualquiera: se trata de un óleo de 1914 pintado por Philip Alexius de László, uno de los retratistas más reconocidos de la época, que representaba a Balfour —ex primer ministro conservador y alumno de la propia Trinity College— vestido con una toga académica roja.
Palestine Action, la organización que reivindicó el ataque, difundió un video del momento en sus redes sociales acompañado de un comunicado en el que aseguraba haber "arruinado" la pintura. El grupo explicó que el color rojo de la pintura utilizada simbolizaba "el derramamiento de sangre del pueblo palestino" desde la Declaración Balfour, y acusó al político británico de haber "entregado la tierra de los palestinos, una tierra que no era suya para entregar".
Arthur Balfour fue el ministro de Relaciones Exteriores del Reino Unido que en 1917 firmó la llamada Declaración Balfour, una carta de apenas 67 palabras dirigida al dirigente sionista británico Lionel Walter Rothschild, en la que el gobierno británico manifestaba su apoyo al establecimiento de "un hogar nacional para el pueblo judío" en Palestina. El documento es considerado por buena parte de la historiografía como uno de los antecedentes clave que derivaron, tres décadas más tarde, en la creación del Estado de Israel en 1948.
No era la primera vez que Palestine Action apuntaba contra la figura de Balfour: en noviembre de 2022, dos activistas de la misma organización ya habían arrojado kétchup sobre un monumento dedicado al político en la Cámara de los Comunes. En aquella oportunidad, ambos fueron sometidos a juicio y terminaron absueltos por un jurado.
Pese a que el ataque en Cambridge fue registrado en video y que la propia organización responsable se atribuyó públicamente la autoría, la Policía de Cambridgeshire anunció esta semana el cierre del expediente sin realizar detenciones. Según el comunicado oficial de la fuerza, "se llevó a cabo una investigación exhaustiva, pero la causa ha quedado archivada a la espera de que surja nueva información".
La noticia del archivo del caso cayó especialmente mal entre referentes políticos y de seguridad británicos. Lord Walney, quien hasta el mes pasado se desempeñaba como el zar de extremismo del gobierno británico, calificó la decisión de "mensaje terrible" que sugiere que "las turbas criminales pueden escapar de las consecuencias si rompen la ley en nombre de una causa". El funcionario remarcó lo insólito de que nadie haya identificado a los responsables pese a que quedaron filmados en un área abierta de una de las instituciones más prestigiosas de Cambridge.
En la misma línea se pronunció Robert Jenrick, secretario de Justicia en la sombra, quien definió el caso como un ejemplo de "justicia de dos niveles": "Si tu causa está de moda, parece que la ley no aplica. La vándala fue filmada en el acto y el grupo detrás se atribuyó el hecho. Que esta gente no haya sido procesada destruye la confianza en nuestro sistema judicial".
Ya en el momento del ataque, en marzo de 2024, el entonces viceprimer ministro británico Oliver Dowden había calificado el episodio como un "acto absurdo de vandalismo gratuito" y había exigido que los responsables enfrentaran "todo el peso de la ley". Más de un año después, esa demanda sigue sin respuesta.
Trinity College, por su parte, mantuvo una postura firme de condena. Sally Davies, rectora de la institución, expresó en su momento estar "conmocionada" por el ataque contra el cuadro, y la institución reiteró recientemente que "continúa condenando este acto de vandalismo en los términos más enérgicos". El retrato de Balfour, informó el college, sigue todavía hoy en proceso de restauración.
El ataque al retrato de Balfour no puede leerse como un episodio suelto. Se inscribe en una estrategia declarada de Palestine Action, que en el mismo comunicado con el que reivindicó el hecho adelantó que continuaría su "campaña de acción directa" hasta que termine lo que describe como "complicidad británica con la colonización de Palestina". La organización también dirigió críticas hacia la propia Universidad de Cambridge por sus inversiones en empresas de defensa vinculadas a contratos con Israel.
Cueste lo que cueste reconocerlo a quienes simpatizan con la causa palestina, lo ocurrido en Trinity College no fue una protesta: fue un delito. Destruir con un cuchillo una obra de arte de más de un siglo de antigüedad —irremplazable, patrimonio cultural que pertenece a toda la comunidad académica y, en última instancia, a la sociedad— no es un acto de "resistencia" ni de "desobediencia civil legítima". Es lisa y llanamente vandalismo, y como tal debería haber tenido una consecuencia judicial clara.
El argumento de que la causa palestina es justa, o que la Declaración Balfour tuvo consecuencias históricas dolorosas para los palestinos, no puede convertirse en una coartada para destruir patrimonio artístico ni para eximir de responsabilidad penal a quien comete un delito a cara descubierta, filmado y reivindicado públicamente. Existen canales legítimos para el activismo político —la protesta pacífica, el debate académico, la militancia institucional— que no requieren empuñar un cuchillo contra un cuadro de más de cien años.
Lo más alarmante de este caso no es solo el ataque en sí, sino la señal que deja su desenlace. Cuando un delito filmado, con autoría reivindicada públicamente por una organización que se jacta de él en redes sociales, termina archivado sin un solo detenido, el mensaje que reciben tanto los responsables como cualquier otro grupo que evalúe métodos similares es que la violencia contra bienes culturales puede quedar impune si se la envuelve en un relato políticamente sensible. Esa lógica es peligrosa para cualquier democracia, más allá de cuál sea la causa invocada: abre la puerta a que el fin justifique cualquier medio, y erosiona la confianza pública en que la ley se aplica por igual a todos, sin importar cuán "fashionable" —como definió Jenrick— resulte la bandera bajo la que se actúa.
La restauración de un cuadro puede llevar años y costar sumas millonarias que, en última instancia, terminan siendo afrontadas por las instituciones o, indirectamente, por la comunidad. Pero hay un daño que ninguna restauración puede reparar del todo: la erosión de la idea de que, en una sociedad de derecho, ni siquiera las causas más nobles habilitan a destruir lo que pertenece a todos.
