La administración estadounidense fundamentó esta decisión en una investigación realizada bajo la Sección 301 de la Ley de Comercio de 1974. El argumento oficial de la medida es penalizar a las naciones que no cuentan con mecanismos suficientes para evitar el ingreso de bienes producidos mediante trabajo forzoso, reemplazando así el arancel global temporal del 10% (Sección 122) que expiró recientemente tras un fallo judicial.
Las nuevas tarifas aplicadas se dividen en tres niveles o categorías principales:
Tasa del 10% sobre todos los bienes: Aplicable a 17 países. En este grupo se encuentran naciones de la región como Argentina, México, Canadá, Ecuador, El Salvador y Honduras, además del Reino Unido y la India, entre otros.
Tasa variable entre el 10% y el 12,5%: Afecta a 5 economías específicas para determinados productos (descontando la tasa de Nación Más Favorecida). Incluye a la Unión Europea, Japón, Corea del Sur, Suiza y Taiwán.
Tasa del 12,5% sobre todos los bienes: Dirigido a las restantes 38 economías investigadas, categoría en la que se destaca China.
La Oficina del Representante Comercial de los Estados Unidos (USTR) indicó que existen exenciones. Por ejemplo, los medicamentos genéricos importados estarán libres de este gravamen por dos años. Asimismo, los bienes que cumplen con los requisitos de tratados de libre comercio vigentes (como gran parte de las exportaciones mexicanas bajo el T-MEC) mantienen sus condiciones previas, aunque cambia el fundamento legal de su tributación.
Varios de los gobiernos afectados rechazaron rápidamente la medida, argumentando que Washington está utilizando el tema de los derechos laborales como una excusa para justificar una agresiva política comercial proteccionista. Esta nueva ola arancelaria se suma a otros aumentos recientes, como los gravámenes del 50% al acero y aluminio, y aranceles del 25% a las importaciones provenientes de Brasil por presuntas prácticas comerciales desleales.
Dentro del nuevo esquema comercial de Estados Unidos, la Argentina quedó clasificada en la franja tributaria más baja, por lo que las mercaderías nacionales alcanzadas por la medida deberán pagar un arancel adicional general del 10% para ingresar al mercado estadounidense.
Según detalló la Oficina del Representante Comercial de los Estados Unidos (USTR), Argentina logró acceder a esta tasa del 10% (evitando el gravamen máximo del 12,5% que se aplica a otros países de la región) debido a que en febrero de 2026 firmó un tratado recíproco de comercio e inversión con Washington. En dicho acuerdo, el país se comprometió formalmente a imponer y hacer cumplir las prohibiciones sobre la importación de bienes producidos mediante trabajo forzoso.
Continuidad en los costos: En la práctica, el nuevo régimen reemplaza de manera inmediata el recargo global temporal del 10% que regía desde febrero y cuyo plazo máximo de 150 días venció el mismo día de la implementación. Por lo tanto, para la mayor parte de las exportaciones argentinas, el porcentaje tributario no aumentará respecto de lo que ya abonaban el día anterior; el cambio radica en el nuevo fundamento legal (Sección 301), el cual es mucho más complejo de rebatir en tribunales internacionales por basarse en normativas de derechos laborales.
Riesgo de competitividad: Aunque el arancel es abonado formalmente por el importador ante la Aduana de Estados Unidos, este sobrecargo del 10% sobre el arancel ordinario encarece el precio final de los bienes argentinos. Esto obliga a los exportadores nacionales a enfrentar el riesgo de una menor demanda o a tener que absorber parte de ese costo disminuyendo sus precios para no ceder terreno frente a otros proveedores internacionales.
Exenciones estratégicas: Quedarán exceptuados del arancel aquellos productos nacionales que el gobierno estadounidense considere esenciales, especialmente las materias primas cuya restricción arancelaria pudiera generar desabastecimiento interno o perturbaciones en su cadena de suministros.
