En el marco de la causa penal que investiga al actual jefe de Gabinete, Manuel Adorni, por presunto enriquecimiento ilícito, la Justicia dispuso levantar su secreto bancario y fiscal. La resolución fue firmada en las últimas horas por el juez federal Ariel Lijo, quien hizo lugar a un requerimiento formal impulsado por el fiscal a cargo de la investigación, Gerardo Pollicita.
La medida judicial no solo recae de manera directa sobre el funcionario nacional, sino que se extiende a su esposa, Julieta Bettina Angeletti, y a la firma AS Innovación Profesional (también referida en el expediente como MasBe), una empresa de la cual ambos son propietarios.
El objetivo principal de la fiscalía con esta batería de medidas es realizar una radiografía integral y exhaustiva del patrimonio del matrimonio. Los investigadores buscan reconstruir los circuitos financieros para contrastar su nivel de vida, sus consumos y sus recientes adquisiciones patrimoniales con los ingresos oficiales declarados ante la Oficina Anticorrupción.
La causa mantiene dos ejes bajo la lupa de la Justicia: las recientes adquisiciones inmobiliarias incorporadas al patrimonio del funcionario y llamativos viajes al exterior de la pareja.
A partir del levantamiento del secreto dispuesto por Lijo, los investigadores podrán acceder sin limitaciones a las cuentas bancarias, depósitos, transferencias, inversiones, registros de tarjetas de crédito y toda la documentación fiscal alojada en la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA). Esto incluye copias íntegras de las declaraciones juradas del impuesto a las Ganancias y sobre los Bienes Personales desde el 1 de enero de 2022 a la fecha.
Como parte de las acciones para seguir la ruta del dinero, el magistrado también ordenó el levantamiento del secreto fiscal sobre seis mujeres identificadas en el expediente como acreedoras de Adorni. Se trata de Silvia Pais, Norma Zuccolo, Beatriz Viegas, Claudia Bibiana Sbabo, Graciela Molina y Victoria María José Cancio.
Según consta en la causa, estas personas habrían facilitado fondos al funcionario para concretar recientes operaciones, incluyendo la compra de un departamento en el barrio porteño de Caballito. La estructura de dicha operación es uno de los puntos que despertó sospechas, ya que incluyó presuntos préstamos y una hipoteca otorgada por las propias vendedoras a pagar en un plazo de un año y sin intereses.
Con el acceso total a los perfiles financieros de todos los involucrados, la fiscalía de Pollicita intentará verificar si el dinero tiene una justificación lícita o si, por el contrario, se produjeron maniobras que configuren graves delitos económicos, evasión o lavado de activos. Mientras tanto, en los tribunales de Comodoro Py avanza una intensa ronda de declaraciones testimoniales que incluye a escribanos, testigos y agentes de bienes raíces que intervinieron en las compras bajo sospecha.
