El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, se encuentra en el centro de una tormenta política y judicial tras la presentación de su declaración jurada correspondiente al período 2025. El documento, ingresado a mediados de junio ante la Oficina Anticorrupción, vino acompañado de rectificaciones de los años 2023 y 2024, desnudando un incremento patrimonial que superó el 400% en términos reales y que lo llevó a declarar un patrimonio neto de $627,2 millones.
Lejos de aplacar las sospechas, los detalles de la presentación y las posteriores explicaciones públicas del funcionario no hicieron más que echar combustible a la investigación que la Justicia lleva adelante por presunto enriquecimiento ilícito.
Según la documentación oficial, el total de bienes y dinero declarados por Adorni asciende a casi $945 millones, contrastados con deudas que superan los $317 millones. Para justificar semejante salto respecto a los $107 millones que había informado en sus primeros días en el Gobierno, el funcionario introdujo un elemento que no había mencionado antes: el éxito financiero con criptomonedas.
En recientes declaraciones televisivas, Adorni aseguró que entre 2014 y 2018 invirtió fuertemente en Bitcoin junto a su esposa. Según su relato, invirtieron alrededor de US$200.000 y obtuvieron ganancias por otros US$300.000. Sin embargo, la confesión más resonante llegó cuando se le consultó por qué ese dinero jamás había figurado en sus registros fiscales. El funcionario admitió sin tapujos haber mantenido "ahorros en negro", argumentando que durante sus años en el sector privado esa era "la manera de escaparse de la vieja política".
Las rectificaciones a sus declaraciones juradas también sacaron a la luz la incorporación de importantes inmuebles. Entre ellos se destacan:
El 50% de una casa en el country Indio Cuá, ubicado en la región norte de la provincia de Buenos Aires, que originalmente figuraba solo a nombre de su esposa.
Un departamento con cochera de casi 200 metros cuadrados en la Ciudad de Buenos Aires, adquirido a fines de 2025 y valuado en más de $255 millones.
El rubro de los pasivos también llamó la atención de los investigadores. Adorni declaró múltiples deudas millonarias para financiar estas adquisiciones, incluyendo compromisos en dólares con dos jubiladas —antiguas propietarias del departamento porteño— y deudas por más de $46 millones con empresarios vinculados a la intermediación inmobiliaria.
El sinceramiento patrimonial de Adorni y su admisión pública de evasión impositiva generaron un fuerte tembladeral puertas adentro del oficialismo. En un contexto donde la administración nacional exige un severo esfuerzo económico a la población bajo la premisa de la austeridad, el "blanqueo" de un aumento patrimonial tan abrupto representó un golpe de lleno a la credibilidad del discurso gubernamental.
Mientras el fiscal a cargo de la causa pone la lupa sobre las operaciones inmobiliarias y exige nuevas pruebas sobre los supuestos rendimientos cripto, la oposición en el Congreso ya comenzó a coordinar acciones. En las últimas horas, avanzan los diálogos en ambas cámaras para activar el mecanismo constitucional de la moción de censura, con el objetivo de reunir la mayoría absoluta necesaria para desplazar al jefe de Gabinete de su cargo.
