EDICIÓN 365 - AÑO 2
El paquete aprobado habilita un endeudamiento por USD 3.685 millones destinado a refinanciar pasivos, financiar obras y sostener gastos corrientes. El proyecto contempla, entre otros puntos, la refinanciación de vencimientos por USD 1.990 millones y operaciones por USD 1.045 millones para el sector público, además de partidas para empresas estatales y la creación de un fondo de emergencia municipal por $350.000 millones a distribuir en cuotas.
La sanción llegó después de intensas negociaciones entre oficialismo y oposición que se extendieron hasta la madrugada. El acuerdo incluyó modificaciones en el directorio del Banco Provincia, designaciones en organismos clave y la cobertura de vacantes en tribunales y educación, elementos que fueron decisivos para conseguir apoyos opositores y destrabar la votación.
La discusión se prolongó por más de 14 horas: la Cámara de Diputados dio media sanción pasada la 1:30 de la madrugada y el Senado convirtió la iniciativa en ley minutos después. La votación en Diputados se cerró con 62 votos afirmativos, apenas uno por encima del mínimo requerido, y en el Senado la ley obtuvo 31 votos a favor, según el registro del debate.
Sectores del oficialismo defendieron la medida como necesaria para evitar incumplimientos en vencimientos y garantizar el pago de sueldos y aguinaldos; en paralelo, bloques opositores se mostraron divididos: algunos acompañaron el rollover de deuda previa mientras que otros cuestionaron la falta de especificidad en ciertos artículos y rechazaron el endeudamiento general.
Para que la Provincia pueda colocar deuda en mercados internacionales será necesario el aval del Gobierno nacional, y el Ejecutivo deberá definir plazos, moneda y condiciones de las emisiones. Además, quedó prevista la intervención de comisiones de control para supervisar la distribución del fondo municipal y el destino de los recursos, un punto que seguirá en el centro del debate público y judicial en los próximos días.
En síntesis: la ley abre una ventana financiera para la Provincia pero también instala un desafío político y técnico: transformar la autorización legislativa en financiamiento efectivo con condiciones que no comprometan la sostenibilidad fiscal ni la transparencia en la asignación de recursos.
