EDICIÓN - AÑO 1 
El proyecto establece un plazo máximo de 90 días corridos para que el Congreso trate un DNU; si transcurrido ese plazo no hay tratamiento, el decreto pierde vigencia. Además, el texto dispone que el rechazo de una sola Cámara alcanzará para anular un DNU, invirtiendo así el esquema actual que exige el rechazo por ambas cámaras.
El plenario de las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Peticiones, Poderes y Reglamento fijó el cronograma para emitir dictamen con carácter de urgencia, en una semana definida por elevados cruces políticos y por la agenda de Presupuesto 2026. La intención opositora es aprobar la norma antes del recambio legislativo del 10 de diciembre para consolidar un contrapeso institucional permanente.
Desde el oficialismo alertan que la reforma supone “recortar facultades” y advirtieron sobre la posibilidad de un veto presidencial si la ley prospera; la Casa Rosada ya activó negociaciones con gobernadores y aliados para intentar frenar el avance en Diputados y, en caso de sanción, preparar la estrategia para insistir ante un eventual veto.
La movida opositora no es homogénea: bloques peronistas, radicales, provinciales y sectores del PRO muestran coincidencia en la necesidad de acotar el uso de DNU, mientras que diputados afines al gobierno acusan a la oposición de usar la reforma con motivos políticos y electorales. Entre los debates figura además la prohibición de dictar decretos con materias múltiples y la restricción para dictar nuevos DNU sobre la misma materia durante el año parlamentario en curso.
En redes sociales y pronunciamientos públicos, gobernadores con distintas filiaciones reclamaron reglas de juego previsibles y resaltaron la necesidad de fortalecer el federalismo y el control parlamentario; desde la Casa Rosada, en respuesta, se buscó sumar gobernadores dialoguistas a las negociaciones para equilibrar votos y neutralizar la aprobación definitiva.
Analistas consultados en medios remarcan que, más allá del impacto jurídico, la disputa tiene un fuerte componente político: limitar los DNU apuntaría a restarle capacidad de maniobra a un presidente que gobierna en minoría parlamentaria, y al mismo tiempo a restaurar funciones del Congreso como órgano deliberativo y de control.
El desenlace será clave para el equilibrio institucional: si la Cámara baja sanciona la reforma, el Ejecutivo podría vetarla y dejar la decisión final en una pulseada que requeriría mayorías especiales para insistir; si la ley prospera y resiste vetos, cambiaría sustancialmente la dinámica del Ejecutivo con el Parlamento en los próximos años.
