Condena a Julio De Vido por el delito de administración fraudulenta
El fallo, dictado por el TOF 7 integrado por los jueces Enrique Méndez Signori, Fernando Canero y Germán Castelli, impuso a De Vido una pena de cuatro años de cárcel y la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos; en la misma causa fueron condenados Roberto Baratta a tres años y seis meses de prisión y Nicolás Dromi San Martino a tres años en suspenso, con obligaciones complementarias para este último.
La sentencia atribuye la responsabilidad por un esquema de contratación irregular en la importación de 11 cargamentos de GNL dentro del denominado “Programa Energía Total”, donde se pagaron comisiones consideradas innecesarias a intermediarios y se omitieron procesos competitivos, lo que motivó el cálculo del daño en USD 5.523.345 que el tribunal ordenó restituir con sus intereses.
Aunque las penas son de cumplimiento efectivo, la decisión no está firme y los condenados no serán enviados a prisión hasta que se agoten las instancias de apelación; los fundamentos completos del veredicto fueron fijados para conocerse en fecha posterior, cuando las defensas puedan plantear recursos ante la Cámara Federal de Casación Penal.
La causa se originó en denuncias presentadas en 2014 y atravesó múltiples investigaciones y audiencias en Comodoro Py; la fiscalía había solicitado penas superiores, proponiendo además la inhabilitación perpetua y la restitución del monto ajustado por la supuesta maniobra de sobrepago a la empresa intermediaria Diligentia S.A., mientras que las defensas sostuvieron la legalidad de los actos en el marco de las facultades ministeriales.
La condena alimenta el debate público sobre la responsabilidad de funcionarios en compras públicas y renovará el cruce político judicial alrededor de uno de los exfuncionarios más prominentes de los gobiernos kirchneristas; en lo inmediato el expediente seguirá su trámite en alzada, con la defensa anunciando la presentación de recursos y la fiscalía evaluando medidas para ejecutar la reparación ordenada por el tribunal.
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