La Paz — Bolivia atraviesa sus horas más críticas desde que el presidente Rodrigo Paz Pereira asumió el poder en noviembre de 2025. Una ola de protestas impulsada por organizaciones sociales, campesinas y sindicales que exigen la renuncia del mandatario ha sumido al país en un escenario de extrema violencia, escasez de productos básicos y una profunda crisis política.
Los enfrentamientos entre los manifestantes y los más de 2.500 efectivos de seguridad desplegados por el gobierno han dejado un saldo de al menos 127 personas detenidas, múltiples policías heridos, saqueos a comercios e instituciones públicas, y calles convertidas en campos de batalla en La Paz y El Alto.
El fantasma del golpe de Estado
Frente a la escalada de los conflictos y el cerco a la capital mediante bloqueos de carreteras, el gobierno de Rodrigo Paz ha endurecido su postura. Las autoridades del poder ejecutivo acusan directamente a los dirigentes de la Central Obrera Boliviana (COB) y a los sectores vinculados al expresidente Evo Morales de impulsar los disturbios con un objetivo claro: derrocar al gobierno.
Esta narrativa ha encontrado un fuerte eco a nivel internacional, principalmente en Washington. El vicesecretario de Estado de EE.UU., Christopher Landau, respaldó firmemente a Paz Pereira y fue categórico al describir la situación:
"Se trata de un golpe de Estado que está en marcha. No nos equivoquemos al respecto; es un golpe financiado por esa alianza perversa entre la política y el crimen organizado".
Desde el oficialismo boliviano se acusa a la oposición de utilizar el descontento social provocado por la crisis económica y la falta de combustibles para desestabilizar a un gobierno elegido democráticamente hace apenas seis meses.
"Sublevación" popular y cruce de acusaciones
En la vereda opuesta, el exmandatario Evo Morales justificó las violentas protestas calificándolas como una legítima "sublevación" del pueblo en defensa de la Constitución y en rechazo a las medidas de ajuste y reformas "neoliberales" de la gestión actual, como la polémica Ley 1720.
Morales rechazó las acusaciones de estar detrás de un intento de desestabilización y, por el contrario, denunció ser víctima de un "Plan Cóndor 2026". Según el líder indígena, existe una persecución judicial y política orquestada por el gobierno de Paz y Estados Unidos para neutralizar a los movimientos populares y lograr su extradición.
El impacto en las calles y la mirada internacional
El prolongado bloqueo de rutas principales ha generado un impacto severo en la vida diaria de los bolivianos. Las consecuencias inmediatas de la paralización del país incluyen:
Desabastecimiento crítico: Hospitales en estado de emergencia por la falta de oxígeno y medicamentos, sumado a la escasez de alimentos y combustibles en las principales ciudades.
Caos urbano: Saqueos a comercios e instituciones del Estado, uso de gases lacrimógenos por parte de la policía y barricadas con fuego instaladas por los manifestantes.
Judicialización de la protesta: El gobierno ha emitido órdenes de captura contra importantes líderes sindicales y vecinales bajo cargos que incluyen "terrorismo e instigación a delinquir".
Ante este escenario de polarización y violencia, la Unión Europea emitió un comunicado oficial pidiendo "calma y diálogo" urgente entre las partes para evitar un mayor derramamiento de sangre y encontrar una salida pacífica e institucional a una crisis que amenaza con quebrar el orden democrático del país.
