Diversas ONG reportaron que parte de los alimentos, medicamentos y kits de emergencia enviados por organismos internacionales quedaron retenidos en depósitos militares o fueron desviados hacia circuitos de distribución paralelos. Voluntarios que participaron del operativo describieron escenas de tensión, demoras injustificadas y exigencias irregulares por parte de efectivos encargados de custodiar los cargamentos.
“Hay dolor y bronca porque la ayuda existe, llega, está ahí, pero no se entrega como corresponde”, señalaron integrantes de una organización humanitaria con presencia en Caracas y Maracaibo. Según relataron, en algunos puntos de distribución los militares exigieron pagos informales o condicionaron la entrega a la afiliación política de los beneficiarios.
La logística oficial, que debería garantizar un reparto rápido y transparente, mostró fallas estructurales. En varios estados, los camiones con insumos quedaron varados por horas sin explicación, mientras que en otros se registraron faltantes al momento de abrir los contenedores.
Especialistas en gestión humanitaria advierten que la ausencia de protocolos claros y la discrecionalidad de los mandos militares generan un terreno fértil para la corrupción y el desvío de recursos, un problema que se repite desde hace años en Venezuela y que afecta especialmente a los programas de asistencia internacional.
Voluntarios consultados describen un escenario que se repite en cada operativo:
Retención de cargamentos sin motivos administrativos. Revisión arbitraria de cajas y bolsas, con faltantes posteriores. Amenazas veladas a quienes intentan documentar irregularidades. Preferencia en la entrega a grupos vinculados al oficialismo.
“Lo más duro es ver a familias esperando horas bajo el sol y que la ayuda no salga porque alguien está negociando algo detrás”, lamentó una coordinadora de campo.
Organismos multilaterales expresaron preocupación por las denuncias y reclamaron al gobierno venezolano garantías de transparencia. Aunque la asistencia humanitaria continúa fluyendo, varias agencias evalúan reforzar los mecanismos de auditoría y limitar la intervención militar en la cadena de distribución.
Diplomáticos consultados admiten que existe una creciente frustración: “La ayuda está pensada para aliviar el sufrimiento de la población, no para alimentar redes de corrupción”.
La crisis venezolana combina escasez, pobreza extrema y un aparato estatal que utiliza la distribución de recursos como herramienta de control social. En ese contexto, la ayuda internacional se convierte en un campo de disputa donde la urgencia humanitaria choca con la lógica política y militar del régimen.
Mientras miles de familias esperan alimentos, medicinas y artículos básicos, el sentimiento que domina entre voluntarios y beneficiarios es el mismo: dolor por la situación que atraviesa el país y bronca por los obstáculos que impiden que la ayuda llegue a quienes más la necesitan.
