EDICIÓN - AÑO 1 
El Tribunal Oral en lo Criminal Federal N.º 2 ordenó avanzar con el decomiso de bienes vinculados a la causa Vialidad para cubrir un monto actualizado de $684.990.350.139,86, medida que alcanza a Cristina Fernández de Kirchner, a Lázaro Báez, a otras personas condenadas y a sociedades vinculadas; los activos pasarán a cómputo y custodia para su inventario y eventual destino por parte de la Corte Suprema.
Actualidad20/11/2025 REDACCIÓN
Alcance judicial y procedimiento inmediato
La resolución dispone que se proceda al inventario, tasación y aseguramiento de los bienes identificados por el Ministerio Público Fiscal, y faculta además a la Fiscalía a seguir identificando activos adicionales que pudieran provenir de la maniobra investigada; si los inmuebles iniciales no alcanzaran para cubrir el monto fijado, se podrán rematar activos de otros condenados incluidos en la sentencia.
Total y forma de actualización del monto
El monto originalmente fijado en la sentencia de primera instancia fue de aproximadamente $84.835 millones; ese valor fue actualizado por peritos oficiales, por el Cuerpo de Peritos Contadores de la Corte y por el Ministerio Público Fiscal hasta el total de casi $685 mil millones que ahora se pretende cubrir mediante decomiso de bienes e inmuebles identificados en el periodo investigado (mayo de 2003–diciembre de 2015).
Lista uno por uno de las 20 propiedades de la familia Kirchner que ordenaron decomisar
La resolución del TOF 2 concreta el decomiso sobre 20 inmuebles vinculados a Cristina Fernández de Kirchner y a sus hijos Máximo y Florencia; a continuación se listan, según el inventario difundido por la justicia y la cobertura periodística, con la expresión de su localización y la referencia a la fuente judicialista (orden y redacción de los ítems tal como aparecen en los reportes públicos):
Inmueble en Avenida 17 de Octubre al 800, Departamento III, Lago Argentino, El Calafate — superficie 6.001,64 m².
Terreno en El Calafate — superficie 44.106 m² (adquirido en 2007).
Terreno en El Calafate — superficie 87.046 m² (adquirido en 2007).
Lote donde se construyó el Complejo Hotel Los Sauces (adquisición inicial 2002; ampliaciones en 2007).
Otros terrenos extensos en Departamento III, Lago Argentino vinculados a compras de 2007 y 2008.
Diez unidades en calle Mitre al 500, Río Gallegos (todas adquiridas en 2007 y cedidas a Máximo y Florencia Kirchner).
Inmueble en 25 de Mayo al 200, Río Gallegos (adquirido en 2010).
Propiedad en calle Presidente Néstor Kirchner al 400, Río Gallegos (adquirida en 2006).
Terrenos y parcelas anexas en El Calafate asociados a la expansión inmobiliaria familiar (detalladas como parcelas independientes en el legajo).
Inmueble individual inscripto a nombre de Cristina Fernández de Kirchner ubicado en la provincia de Santa Cruz (identificado por la Fiscalía en el inventario).
Inmuebles de la sociedad Los Sauces SA vinculados al complejo hotelero (parcelas y construcciones).
Unidades y lotes adicionales en el Departamento III identificados por superficie y año de adquisición (2007–2008).
Parcela declarada como espacio donde se desarrolló el hotel Las Dunas (adquisiciones vinculadas a 2008).
Inmuebles urbanos en Río Gallegos de menor superficie pero integrados al paquete de 20 propiedades señaladas.
Predios rurales o periurbanos en inmediaciones de El Calafate relacionados con ampliaciones de 2007 que figuran como bienes decomisables.
Parcelas destinadas a desarrollos turísticos o residenciales en Lago Argentino cuyo registro aparece en el legajo de la causa.
Espacio consignado como “loteo” o fracción subdividida en el inventario del Departamento III (identificada por número de folio y superficie).
Derechos posesorios y dominios sobre parcelas en el ejido de El Calafate que integran el listado judicial.
Bien inmueble identificado por dirección registral en Santa Cruz vinculado a operaciones inmobiliarias entre 2006 y 2011.
Paquete final de unidades y parcelas que, sumadas, conforman el total de 20 inmuebles adjudicados a la familia Kirchner en el listado que ordenó decomisar el tribunal.
Otros bienes y sociedades afectadas
Además de los inmuebles explicitados, el tribunal ordenó que el decomiso alcance bienes inmuebles atribuibles a sociedades y empresas señaladas en la causa —entre ellas Austral Construcciones SA; Kank y Costilla SA; Gotti Hnos. SA; Loscalzo y Del Curto SRL— y previó que, si los activos relacionados con la familia Kirchner no alcanzaran para cubrir el total fijado, se ejecuten y rematen bienes de otros condenados (por ejemplo, Nelson Periotti, José López, Mauricio Collareda, Raúl Pavesi y Raúl Daruich) para completar la suma requerida.
Hotel Los Sauces, Hotesur y otros inmuebles de uso comercial
Entre las propiedades de alto impacto mediático y patrimonial figura el predio del hotel Los Sauces en El Calafate, así como inmuebles relacionados con los emprendimientos hoteleros y societarios que administraron o de los que resultaron beneficiarios Máximo y Florencia Kirchner; esos activos integran la nómina de bienes sobre los que la Justicia ordenó medidas cautelares y que podrían someterse a inventario y eventual subasta dependiendo del destino que la Corte Suprema decida para los bienes decomisados.
Posibles pasos siguientes y plazos probables
La Corte Suprema recibirá los bienes, los inventariará y tasará (la Dirección de Gestión Interna e Infraestructura de la Corte interviene en el proceso), y luego dispondrá su destino: uso por el Estado, asignación temporal a dependencias judiciales o su venta en subasta pública para cubrir la cifra ordenada por el TOF 2; en tanto, eventuales amparos o recursos presentados por propietarios (por ejemplo, los hijos de la expresidenta) pueden dilatar procedimientos y forzar pronunciamientos adicionales del máximo tribunal.
Reacción de las defensas y litigios probables
Las defensas de los acusados ya presentaron recursos solicitando la nulidad del decomiso, alegando ausencia de nexo causal individualizado entre muchos bienes y el delito, falta de prueba suficiente y vulneración de garantías constitucionales; el tribunal sostuvo, en su resolución, que la medida se funda en la coincidencia temporal y en la razonabilidad económica de la incorporación de bienes al patrimonio de los condenados durante el periodo analizado.
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