EDICIÓN - AÑO 1 
La marcha autodenominada de la Generación Z que partió del Ángel de la Independencia culminó la tarde del sábado 15 de noviembre en el Zócalo de la Ciudad de México con un episodio de disturbios que obligó a las autoridades a dispersar a los asistentes; la explanada quedó finalmente ocupada sólo por policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la capital. La protesta, convocada inicialmente con tonos mayoritariamente pacíficos y una participación multitudinaria, derivó en confrontaciones directas cuando un grupo encapuchado, identificado por medios como el “bloque negro”, intentó derribar las vallas metálicas instaladas frente a Palacio Nacional y se produjo un choque físico con elementos de seguridad
Mundo15/11/2025 REDACCIÓN
La manifestación avanzó por Reforma y vías del Centro Histórico hasta llegar a 5 de Mayo y la plancha del Zócalo, donde se registraron pintas, lanzamiento de petardos y la colocación de cuerdas para intentar derribar secciones de la protección; testigos y video en redes muestran cómo el bloque negro utilizó herramientas y objetos contundentes para intentar abrirse paso, lo que provocó la respuesta inmediata de los agentes en el cerco. En algunos momentos la reacción policial incluyó el uso de extintores y de agentes químicos como gas lacrimógeno para contener el avance de grupos violentos, y en videos difundidos en tiempo real se observan tanto a uniformados golpeados como a manifestantes afectados por el humo y la represión física.
Fuentes periodísticas locales y agencias reportaron que personal de emergencias atendió decenas de afectados por golpes y por las inhalaciones derivadas del uso de gas lacrimógeno; diversas notas señalan alrededor de veinte personas con lesiones que requirieron atención, aunque las cifras oficiales sobre detenidos y lesionados aún permanecen parciales al cierre del día. La Secretaría de Seguridad Ciudadana informó sobre el despliegue de cientos de policías para “resguardar” la movilización y contener los daños, y autoridades capitalinas señalaron que la actuación fue dirigida a restablecer el orden tras el intento de derribo de vallas frente al recinto presidencial.
Aunque la movilización reunió a jóvenes que se identificaron con un reclamo amplio contra la violencia, la inseguridad y la corrupción —y en particular exigieron justicia por el homicidio del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo, ocurrido el 1 de noviembre— la presencia de grupos violentos tensó el carácter inicialmente pacífico de la marcha, mientras que en otras plazas del país, como ciudades de Michoacán, Guadalajara y Monterrey, se replicaron protestas con demandas similares, lo que convirtió la jornada en una expresión nacional más allá de la capital. Organizaciones y participantes insistieron en que la convocatoria tenía un perfil apartidista, pero la presidenta Claudia Sheinbaum y otros actores políticos interpretaron e intentaron enmarcar la movilización en términos políticos, lo que amplificó la polarización en la cobertura pública y en redes sociales.
La jornada en el Zócalo se inserta en una ola generacional de movilizaciones que, en distintas latitudes, ha visto cómo el activismo juvenil combina demandas de justicia social con estallidos puntuales de violencia cuando se infiltran células radicales o cuando la respuesta estatal tiende a la contención agresiva. La dinámica observada en Ciudad de México reproduce dilemas comunes: cómo preservar el derecho a la protesta frente a actos de vandalismo, cómo garantizar la integridad de espacios patrimoniales y cómo evitar que la presencia de grupos violentos deslegitime reclamaciones ciudadanos legítimas. En el plano internacional, el fenómeno alerta a observadores sobre la creciente sofisticación de convocatorias digitales que disocian organización formal y acción callejera, alimentando una narrativa en la que lo simbólico (el Zócalo, Palacio Nacional) se convierte en campo de prueba para estrategias de desestabilización y para respuestas represión-escalada que a menudo tienen costos políticos y sociales elevados.
Tras los incidentes, actores civiles y gobernantes enfrentan varios frentes: la necesidad de investigar y sancionar los episodios de violencia, la obligación de proteger el derecho a la manifestación pacífica, y la urgencia de atender los reclamos que motivaron la movilización, en especial las exigencias por seguridad y rendición de cuentas ante crímenes de alto impacto como el de Carlos Manzo. La noche del sábado dejó el Zócalo con un claro mensaje: la protesta juvenil tiene capacidad de convocatoria y de marcar agenda, pero también es vulnerable a la infiltración de grupos que transforman reclamos sociales en enfrentamientos que terminan por centrar la atención pública en la violencia misma y no en las demandas de fondo.
Analistas y participantes coinciden en que la semana entrante será clave: por un lado para que autoridades capitalinas y federales den cuentas sobre detenciones y el uso de fuerza, y por otro para que organizadores y sectores juveniles definan estrategias que permitan separar la acción pacífica de las facciones violentas y articular canales de diálogo con instituciones. La protesta del 15 de noviembre confirma una tendencia de politización y movilización de las nuevas generaciones que puede intensificarse si no hay respuestas concretas en materia de seguridad y justicia, y también abre la posibilidad de réplicas en otras plazas nacionales si persisten la impunidad y la percepción de omisión institucional.
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