Los meses previos al inicio de este conflicto armado a gran escala estuvieron marcados por un recrudecimiento feroz del aparato represivo del Estado iraní. Ante una sociedad civil exhausta por la agudizada crisis económica y aún fuertemente movilizada por el legado del movimiento "Mujer, Vida, Libertad", el régimen teocrático optó por endurecer al máximo su política de tolerancia cero. El objetivo era claro: sofocar cualquier atisbo de rebelión ciudadana, sin importar el costo humano.
Según los últimos informes de la agencia de derechos humanos HRANA y reportes médicos filtrados desde el interior del país, la represión estatal ya ha dejado un saldo trágico de más de 7.000 muertos confirmados, aunque las estimaciones de fuentes hospitalarias elevan la cifra de masacrados a decenas de miles.
La radiografía de los métodos que utilizó el gobierno en este último tiempo para silenciar a la disidencia:
El sistema judicial iraní transformó la pena de muerte en su principal herramienta de terror estatal. Activistas, manifestantes y disidentes políticos fueron condenados sistemáticamente en juicios sumarios, despojados del derecho a una defensa justa y acusados de cargos vagos como moharebeh (enemistad con Dios) o "corrupción en la tierra". Diversas ONG denunciaron un aumento exponencial de ahorcamientos, muchos de ellos llevados a cabo en absoluto secreto dentro de las prisiones, afectando de manera desproporcionada a minorías étnicas vulnerables, como los kurdos y los baluchis.
Para evitar la organización ciudadana y garantizar que las imágenes de la brutalidad policial no cruzaran las fronteras, el gobierno implementó severas restricciones a la conectividad. Se intensificaron los apagones selectivos de Internet en las zonas de mayor conflicto y se bloqueó masivamente el acceso a las VPN (redes privadas virtuales). En paralelo, los servicios de inteligencia utilizaron sofisticada tecnología de rastreo para identificar, cazar y arrestar a ciudadanos a partir de sus publicaciones en redes sociales o mensajes privados.
Lejos de ceder ante los históricos reclamos por mayor libertad, el Estado redobló la violenta imposición del código de vestimenta islámico. Se desplegaron cámaras inteligentes con reconocimiento facial en calles, comercios y redes de transporte público con el único fin de identificar a las mujeres que desafiaban el uso del hiyab obligatorio. Las represalias dictadas por el régimen cruzaron todos los límites: desde la confiscación sistemática de vehículos y el bloqueo de cuentas bancarias, hasta penas de cárcel, azotes y la negación del acceso a la educación superior y a los centros de salud.
Cualquier intento de manifestación, huelga sindical o protesta estudiantil fue recibido con una fuerza letal y desproporcionada. El Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica y la milicia paramilitar Basij reprimieron de forma sistemática disparando munición de plomo y perdigones dirigidos intencionalmente a los ojos de los manifestantes, además de perpetrar palizas masivas a plena luz del día. Las universidades, históricamente focos de resistencia intelectual y cívica, sufrieron redadas constantes que terminaron con cientos de estudiantes y profesores expulsados, desaparecidos o arrojados a los peores pabellones del sistema penitenciario.
