En medio de una de las crisis geopolíticas y energéticas más severas de los últimos años, un bloque conformado por cinco potencias europeas y Japón formalizó este jueves su intención de intervenir en la seguridad marítima del estrecho de Ormuz. A través de un comunicado conjunto, el Reino Unido, Francia, Alemania, Italia, los Países Bajos y Japón condenaron el bloqueo de esta vía estratégica por parte de las fuerzas iraníes y exigieron el cese inmediato de las hostilidades contra la infraestructura energética y comercial en la región.
El anuncio representa el primer paso coordinado de estos países para buscar una salida a la paralización del comercio global, desatada tras el inicio del conflicto militar abierto a finales de febrero de 2026.
La declaración oficial, replicada por las cancillerías de los seis países involucrados, subraya que la libertad de navegación es un pilar irrenunciable del derecho internacional que beneficia a todos los Estados. Aunque el texto evita comprometerse con un despliegue militar concreto o detallar el alcance operativo, marca un posicionamiento claro de la comunidad internacional:
Condena a los ataques: El documento rechaza "en los términos más enérgicos" las acciones de Irán contra embarcaciones comerciales desarmadas en el Golfo Pérsico, así como los recientes bombardeos contra infraestructura civil, incluyendo importantes instalaciones de gas y petróleo de países vecinos.
Moratoria inmediata: Los seis Gobiernos exigen a Teherán detener el despliegue de minas marinas, los ataques con drones y misiles, y plantean la urgencia de establecer una "moratoria integral inmediata" sobre las ofensivas a la infraestructura energética.
Respuesta diplomática y escoltas: Según aclaró el portavoz del Ministerio de Exteriores de Francia, Pascal Confavreux, la contribución se enfocará en una primera etapa en iniciativas diplomáticas. Francia, por ejemplo, adelantó que no participará en operaciones de combate directo mientras la fase aguda del conflicto continúe, pero abrió la puerta a asumir la escolta de buques civiles una vez que las condiciones lo permitan.
Resulta notable que el documento omite mencionar por nombre a Estados Unidos o a Israel, países cuya reciente ofensiva militar precipitó la decisión de Irán de cerrar el paso marítimo.
El bloqueo del estrecho de Ormuz —un corredor de menos de 40 kilómetros de ancho que controla históricamente una quinta parte del suministro mundial de crudo— es la principal carta de presión de la Guardia Revolucionaria iraní frente al conflicto armado que estalló el pasado 28 de febrero con las fuerzas estadounidenses e israelíes.
Las autoridades de Teherán han cumplido sus advertencias de cerrar la vía al tránsito occidental, reduciendo drásticamente las exportaciones petroleras del Golfo Pérsico. Medios internacionales reportan que el tránsito de barcos comerciales se ha desplomado a mínimos históricos durante este mes de marzo, estrangulando no solo el mercado energético, sino también el ingreso de ayuda humanitaria coordinada por agencias de la ONU.
La decisión de las potencias europeas y de Japón no responde únicamente a la defensa del derecho marítimo, sino a una urgencia económica ineludible que amenaza con desestabilizar a sus propios países.
La interrupción del tráfico comercial ha disparado los mercados financieros y llevó el precio del crudo Brent por encima de los 110 dólares por barril, encendiendo las alarmas de una recesión inflacionaria a nivel global.
Para intentar contener el pánico del mercado y mitigar el impacto del bloqueo, la Agencia Internacional de Energía (AIE) aprobó recientemente una medida extrema: la liberación de 400 millones de barriles de sus reservas estratégicas. Sin embargo, analistas económicos y geopolíticos coinciden en que estas intervenciones son apenas paliativos temporales frente al daño en las cadenas de suministro si no se logra reabrir el flujo natural por el estrecho.
Mientras la crisis bélica no muestra signos claros de desescalada, la presión internacional comienza a organizarse en bloques diplomáticos. La declaración conjunta de este jueves abre un abanico de posibilidades que van desde la presión económica extrema y el establecimiento de nuevos corredores seguros con bandera internacional, hasta el riesgo de una mayor militarización y confrontación directa en las aguas del Golfo Pérsico.
