EDICIÓN - AÑO 1 
La jueza del Distrito Sur de Nueva York, Loretta A. Preska, rechazó este lunes la solicitud del Estado argentino de suspender la orden que obliga a entregar el 51 % de las acciones de YPF como forma de pago por la expropiación de 2012. Con esta decisión, que confirmaba el fallo de septiembre de 2023 que condenó a la Argentina a indemnizar a Burford Capital y Eaton Park por más de 16 000 millones de dólares, el país dispone ahora de un plazo hasta el jueves 17 de julio para solicitar un “stay” ante la Cámara de Apelaciones del Segundo Circuito.
Mundo15/07/2025 REDACCIÓNEl origen del litigio se remonta a la estatización de la petrolera, cuando el Gobierno de Cristina Fernández de Kirchner Estatizo YPF. Tras años de reclamaciones, Burford Capital y Eaton Park adquirieron los derechos de los antiguos accionistas minoritarios y llevaron el caso ante la justicia de Manhattan. En septiembre de 2023, Preska condenó a la Argentina al pago de más de 16 000 millones de dólares, y el 30 de junio pasado ordenó el “turnover” de acciones como garantía de cumplimiento, sin admitir garantías alternativas ni plazos tampones.
En su rechazo al pedido de suspensión, la magistrada subrayó que la Argentina no cumplió con las condiciones previas impuestas para acceder a una moratoria sin garantía del fallo original. La defensa argentina había argumentado que dicha transferencia vulnera la Ley de Inmunidades Soberanas Extranjeras (FSIA) y principios de cortesía internacional, además de contar con una Declaración de Interés del Departamento de Justicia de Estados Unidos en apoyo de su posición. El Gobierno nacional ya anticipó que, de no prosperar la vía de la Cámara de Apelaciones, podría recurrir a la Corte Suprema de Estados Unidos para revocar la orden judicial.
Los fondos acreedores se opusieron a cualquier dilación. Burford Capital y Eaton Park recordaron ante Preska la presentación de iniciativas legislativas en el Congreso argentino destinadas a impedir el cumplimiento de la sentencia, así como declaraciones de figuras políticas que, según ellos, buscaban eludir obligaciones judiciales. En su escrito, los demandantes afirmaron que la República aprovechó el tiempo adicional concedido para configurar maniobras dilatorias y que no sufrirían un perjuicio irreparable si se mantenía la orden de entrega inmediata de acciones.
La Argentina tendrá hasta el jueves para formalizar su recurso de apelación ante el Segundo Circuito y solicitar el stay de manera directa, mientras enfrenta el riesgo de un eventual desacato si los fondos acreedores lo solicitan formalmente.
Este nuevo revés judicial agrava la incertidumbre sobre el futuro de YPF, un activo estratégico para la economía nacional, y podría marcar un hito en el tratamiento de la inmunidad soberana y la jurisdicción extraterritorial. Más allá del impacto inmediato en la compañía, el avance de este litigio define la hoja de ruta del Gobierno en su plan de normalización con los mercados internacionales, la gestión de la deuda y la confianza de los inversores en el clima de negocios argentino.
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