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La Justicia bonaerense frena la privatización de AySA y deriva la causa al fuero federal
La Cámara Contencioso Administrativa de La Plata confirmó una medida cautelar que suspende el proceso de privatización de Agua y Saneamientos Argentinos S.A. (AySA) y remitió el expediente a la Justicia federal. La resolución responde a una acción presentada por el Defensor del Pueblo bonaerense, Guido Lorenzino, quien cuestionó el nuevo contrato de concesión firmado en mayo de este año.
El contexto de la privatización
AySA, empresa estatal que provee agua potable y cloacas a la Ciudad de Buenos Aires y 26 municipios del Conurbano, fue incluida en el listado de compañías “sujetas a privatización” en el marco de la Ley Bases y el Decreto 494. El Gobierno nacional proyecta transferir el 90% del capital social al sector privado, con una recaudación estimada de 450 millones de dólares. El plazo para la presentación de ofertas vence el 15 de septiembre de 2026.
La decisión judicial
La Sala II de la Cámara, integrada por los jueces Pablo Muñoz, Gerónimo Arias y María Ventura Martínez, ratificó la cautelar dictada en primera instancia y ordenó que AySA no puede modificar, reducir, limitar, suspender ni alterar sus obligaciones esenciales en materia de agua potable, cloacas, salud pública y ambiente. El tribunal también resolvió que la causa debe continuar en el fuero federal, dado que se trata de una empresa con participación estatal nacional mayoritaria y un marco regulatorio de alcance nacional.
Fundamentos del fallo
Reconocimiento del derecho humano al agua como principio rector. Aplicación de los principios precautorio y preventivo para evitar daños irreversibles en salud y ambiente. Uso de la doctrina “in dubio pro natura”, que establece que ante la duda sobre impacto ambiental debe prevalecer la opción menos perjudicial.
El reclamo del Defensor del Pueblo
Lorenzino argumentó que el nuevo contrato de concesión implicaba una reducción de estándares ambientales y sanitarios, lo que afectaría directamente a millones de usuarios. Su presentación abarcó los servicios de agua y cloacas en la Ciudad y en 26 municipios del Conurbano.
Reacciones políticas y sociales
Críticos de la privatización: sostienen que el Gobierno busca recaudar fondos a costa de derechos básicos, poniendo en riesgo la calidad del servicio y la salud pública.
Defensa oficial: el Ejecutivo insiste en que la privatización es parte de un plan de ajuste y modernización para mejorar la eficiencia de la empresa.
Organizaciones sociales y ambientales: celebraron el fallo como un triunfo en defensa del agua como derecho humano y advirtieron que seguirán movilizados para evitar que se avance con la venta.
Próximos pasos
Aunque la privatización no queda anulada, la medida judicial frena la aplicación de cláusulas que podrían deteriorar el servicio. El proceso de ofertas privadas previsto para el 15 de septiembre se mantiene en suspenso hasta que la Justicia federal se expida.
El fallo de la Cámara de La Plata abre un nuevo capítulo en la disputa por AySA, tensionando el plan de privatizaciones del Gobierno nacional y reforzando el debate sobre el acceso al agua como derecho humano frente a las políticas de ajuste económico.
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