En el marco de la política de reducción del gasto público impulsada por la administración de Javier Milei, el INTA se ha convertido en uno de los focos principales de la reestructuración estatal. A través de lineamientos del Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado, a cargo de Federico Sturzenegger, y con la ejecución de la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE), el Ejecutivo ha delineado un plan que afecta el esquema histórico del organismo científico.
El presidente del INTA, Nicolás Bronzovich, oficializó ante la Mesa de Enlace y referentes del sector un plan de reducción institucional estructurado en dos ejes fundamentales:
Venta y desafectación de tierras: El plan original contempla desprenderse de una enorme porción de las más de 100.000 hectáreas que posee el instituto. Según los relevamientos de la AABE y la Jefatura de Gabinete, se busca comercializar decenas de miles de hectáreas (las cifras del conflicto oscilan entre 33.000 y cerca de 47.500 hectáreas dependiendo de las etapas de habilitación) bajo el argumento de que se trata de terrenos "ociosos" o "improductivos".
Reducción de personal: Se implementó un esquema de retiros voluntarios y cesantías que busca reducir la plantilla histórica. El objetivo de las autoridades económicas es llevar la dotación de casi 6.000 trabajadores a un tope aproximado de 4.000 a 4.450 empleados, lo que implica el recorte de entre 1.300 y 1.700 puestos técnicos y administrativos.
Uno de los puntos geográficos de mayor ebullición es el territorio bonaerense, puntualmente en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA). La autorización para desafectar predios estratégicos, como las hectáreas donde funcionaba la Estación Experimental Agropecuaria del AMBA (EEA AMBA) —conocida como "Cabaña Tuyú", un predio de 33 hectáreas entre Ituzaingó y Hurlingham— ha encendido las alarmas de la región.
El INTA Castelar, un emblema de la investigación agropecuaria nacional, también se encuentra en el centro de las disputas. Las áreas de extensión periurbana son vitales para las investigaciones vinculadas a semillas, fertilización y tecnologías orientadas a pequeños y medianos productores, áreas que ahora corren el riesgo de ser absorbidas por desarrollos inmobiliarios privados.
La reacción interna no se hizo esperar. Trabajadores autoconvocados y sindicatos como la Asociación del Personal del INTA (APINTA) y la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) han impulsado asambleas permanentes, conformación de comités de huelga y movilizaciones en distintas sedes del país.
Los referentes gremiales desmienten categóricamente el discurso oficial. Desde ATE INTA Castelar argumentan que la etiqueta de "tierras en desuso" es una fachada para facilitar la liquidación del patrimonio del Estado y beneficiar la concentración de capital y negocios inmobiliarios. “Achicando de esta manera, el INTA queda totalmente desarticulado. Hay un proceso de desguace muy profundo, sin ningún criterio”, advirtieron los delegados sindicales ante medios locales y nacionales. La preocupación central radica en que la pérdida de personal altamente calificado y el cierre proyectado de agencias de extensión a lo largo del país paralizarán investigaciones en curso que llevan décadas de desarrollo.
El conflicto ha trascendido la esfera sindical para instalarse en el ámbito político y en los tribunales:
Resistencia de los Municipios: Una red de intendencias del conurbano bonaerense ha comenzado a articular defensas institucionales. A través de sus respectivos Concejos Deliberantes, municipios como Luján, General Rodríguez, San Martín, Merlo, Moreno y Berazategui, entre otros, han aprobado ordenanzas para bloquear, desde la normativa de zonificación local, la comercialización de estos terrenos e impedir el avance de loteos privados.
Denuncias Penales: Desde el ámbito legislativo y de las organizaciones agrarias (como la Unión de Trabajadores de la Tierra - UTT), se han impulsado denuncias penales solicitando investigar presuntas irregularidades en la tasación y cesión de estos inmuebles históricos, advirtiendo un perjuicio directo a las arcas y al patrimonio estratégico del Estado.
El Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria, pilar del modelo agroexportador y del desarrollo rural desde hace casi 70 años, se encuentra hoy en una encrucijada histórica. Mientras el Gobierno mantiene inamovible su postura de achicamiento para cumplir con las metas de déficit cero y modernización del Estado, la comunidad científica, apoyada por redes políticas regionales, continúa su plan de lucha.
La resolución de este conflicto no solo definirá el destino de miles de trabajadores estatales y tierras fiscales, sino que sentará un precedente sobre el rol que el Estado argentino ocupará en el desarrollo tecnológico y la soberanía alimentaria en las próximas décadas.
