
Jaque al Rey: La Justicia acorrala a Tapia y el fútbol argentino entra en tiempo de descuento

La cifra que maneja la Justicia asusta: más de $19.000 millones en aportes jubilatorios y cargas sociales retenidos, pero jamás girados al Estado. El dictamen de la fiscalía, que exige no detener la investigación, fue lapidario al desestimar las excusas de la defensa. La premisa del Ministerio Público es simple y letal: el dinero de los trabajadores de la AFA y de los clubes se retuvo, pero el fisco nunca lo vio. Ahora, el juez federal Diego Amarante tiene en su despacho una bomba de tiempo jurídica con capacidad para detonar la actual estructura de poder de la calle Viamonte.
Sin embargo, sería pecar de miopía leer este expediente únicamente a través del Código Penal. En la Argentina, la pelota y la política siempre han rodado por el mismo césped.
Esta ofensiva judicial avanza a un ritmo vertiginoso justo en el momento en que la resistencia de la Asociación del Fútbol Argentino al ingreso de las Sociedades Anónimas Deportivas (SAD) alcanza su punto de máxima tensión. El Gobierno Nacional parece haber encontrado en las históricas desprolijidades financieras de la asociación el flanco débil perfecto para presionar, asfixiar y, eventualmente, forzar un cambio de paradigma en la administración del deporte más popular del país.
Mientras los dirigentes desfilan por Comodoro Py, el impacto de esta crisis institucional amenaza con derramar hacia abajo. La incertidumbre económica y la paralización política golpean de lleno a los clubes en todas sus escalas: desde los gigantes que pelean torneos internacionales hasta las instituciones del ascenso profundo que sostienen el tejido social y deportivo en el conurbano bonaerense y el interior del país.
Si el juez Amarante decide avanzar con los procesamientos en los próximos días, no solo estará juzgando un caso de evasión previsional multimillonaria. Estará, en los hechos, dando el pitazo inicial para una reconfiguración total del mapa de poder político y deportivo en la Argentina.
Quedo imputada gran parte de la mesa chica y la dirigencia del fútbol argentino, incluyendo a:
Pablo Toviggino (Tesorero de la AFA y mano derecha de Tapia).
Cristian Malaspina (Secretario general y presidente de Argentinos Juniors).
Víctor Blanco (Expresidente de Racing Club y directivo de AFA).
Gustavo Lorenzo (Director general).


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