Los detalles de la agresión: El incidente ocurrió en el campus de la universidad mientras los jóvenes armaban una mesa de difusión para repartir folletos políticos. Según el relato de los estudiantes, apenas minutos después de instalarse, fueron abordados de manera violenta.
En las imágenes grabadas por los propios alumnos, se identifica como principal agresor a Juan Tumini, docente de diseño de la institución e hijo del dirigente político Humberto Tumini. En el video se lo escucha increpar a quien filmaba:
"Te dije que no me filmes. Te voy a tirar el celular si me filmas así nomás [...] Tomatelas porque te cago a trompadas".
Acto seguido, el profesor se abalanzó sobre los jóvenes y comenzó a lanzar golpes de puño. De acuerdo con la denuncia radicada posteriormente, uno de los militantes, Julián Aguilar, fue arrastrado hacia una zanja durante el forcejeo y terminó con una costilla fisurada. En medio del caos, algunas personas presentes intentaron frenar la golpiza gritando "pará que lo vas a matar", mientras que otras justificaban el ataque esgrimiendo que en la universidad había hijos de desaparecidos y que "es obvio que te van a cagar a trompadas".
Repercusiones y medidas institucionales, El ataque generó un fuerte impacto tanto a nivel local como nacional:
Denuncia penal: Dirigentes locales del espacio libertario calificaron el hecho como un "ataque mafioso y político", confirmando que las víctimas ya radicaron las denuncias correspondientes en la Justicia frente a las agresiones y amenazas recibidas.
La postura de la UNLa: A través de un comunicado oficial, la casa de estudios repudió el accionar violento, reafirmando que "el respeto por la pluralidad de ideas es un pilar innegociable". Además, confirmaron el inicio de una investigación interna para aplicar las sanciones previstas en el estatuto universitario contra el docente involucrado.
Intervención del Gobierno: Tras la difusión de las imágenes, desde el Gobierno Nacional se intimó formalmente a las autoridades de la universidad a tomar las medidas disciplinarias necesarias y a garantizar la seguridad física de los alumnos dentro del establecimiento.
Cuando la intolerancia política deja de ser una actitud individual aislada y comienza a enquistarse en las estructuras de una sociedad, el tejido democrático sufre una de sus fracturas más profundas. La pretensión de imponer ideas o suprimir expresiones disidentes mediante la coacción no solo vulnera los derechos fundamentales, sino que dinamita el pacto básico de convivencia ciudadana.
En una democracia plena, el conflicto de intereses y la diversidad de pensamiento son los motores del progreso. Sin embargo, cuando la dialéctica es reemplazada por la agresión, se cruza un límite peligroso que atenta contra las instituciones.
El uso de la violencia —ya sea física, verbal o simbólica— para silenciar al adversario tiene un objetivo claro: generar un efecto paralizante. Quien recurre a la agresión no busca persuadir a través de argumentos, sino anular al otro mediante el miedo. Este accionar busca que quienes sostienen posturas diferentes opten por la autocensura antes que enfrentar represalias, empobreciendo así el debate público.
