Buenos Aires — En el marco de la jornada de paro convocada por la Confederación General del Trabajo (CGT), el Gobierno nacional salió al cruce de la medida de fuerza con fuertes críticas. Manuel Adorni, en representación del Ejecutivo, fue el encargado de transmitir la postura oficial, definiendo la huelga impulsada por los sindicatos como una acción "perversa" y "extorsiva".
Durante su conferencia habitual, el funcionario apuntó contra la cúpula sindical y argumentó que el cese de actividades no representa los intereses de todos los asalariados, sino que termina castigando a un sector específico de la población productiva.
"Es una medida perversa y extorsiva que perjudica fundamentalmente a aquellos trabajadores que hoy desean asistir a sus empleos y no pueden hacerlo", sostuvo Adorni.
El foco en las complicaciones de los trabajadores
Desde la Casa Rosada sostienen que el paro busca ejercer presión política, subrayando la interrupción de la vida cotidiana de millones de argentinos. El Gobierno hizo especial énfasis en las complicaciones logísticas que genera la huelga, argumentando que la falta de transporte público y los bloqueos representan los principales obstáculos para quienes intentan movilizarse hacia sus respectivos puestos de trabajo.
Por su parte, la CGT sostiene la medida de fuerza argumentando la necesidad de visibilizar sus reclamos, lo que marca un nuevo capítulo de tensión y polarización entre las autoridades nacionales y las principales organizaciones sindicales del país.
Lejos de centrar sus críticas únicamente en la CGT, Adorni dedicó una dura parte de su alocución al conflicto desatado por el sorpresivo cierre de la fábrica FATE. El funcionario descartó que el Gobierno vaya a intervenir directamente para salvar la empresa y apuntó sin filtros contra su propietario, Javier Madanes Quintanilla, a quien tildó de "prebendario".
Desde la Casa Rosada ven intencionalidad política en la decisión empresarial. Al respecto, el jefe de Gabinete cuestionó el momento elegido para paralizar la planta: "Hace 15 años que está en conflicto, que tuvo paros salvajes incluso del propio sindicalismo (...). Que cierre sus puertas de un día para el otro, justo un día antes del tratamiento de la reforma laboral, es llamativo", planteó el funcionario.
Asimismo, Adorni arremetió contra el modelo de negocios histórico de la firma, acusando a la empresa de haberse beneficiado de las políticas proteccionistas de gestiones anteriores en detrimento de los consumidores.
"Uno está en todo su derecho en pensar que quien apoyó a cuanto gobierno populista se le pasó por al lado, además vivieron de exprimir a los argentinos vendiendo un producto tres veces lo que costaba porque tenías prohibida la importación", sentenció.
Mientras la Secretaría de Trabajo dictó la conciliación obligatoria por 15 días en un intento por frenar el impacto inmediato de los despidos en San Fernando, el Gobierno mantiene su postura inamovible: el paro es "inentendible" y las presiones empresariales no frenarán la agenda legislativa del oficialismo.
