Choque entre la Policía y manifestantes en Quilmes derivó en un cruce público entre Mayra Mendoza y Juan Grabois

La protesta, convocada contra un proyecto de ordenanza que busca regular el estacionamiento medido y formalizar el servicio en distintos sectores del partido, derivó en cortes de calle, quema de neumáticos y una intervención policial que incluyó el uso de balas de goma y gases lacrimógenos, según fuentes municipales y testigos.

Desarrollo de los hechos: El conflicto se concentró en las inmediaciones del Concejo Deliberante y del Palacio Municipal, donde un grupo de manifestantes intentó ingresar al playón municipal para exigir la suspensión del tratamiento del proyecto. Desde el Ejecutivo local señalaron que hubo lanzamiento de piedras y daños a la vía pública; los manifestantes denunciaron una respuesta desmedida por parte de las fuerzas de seguridad.

Origen del reclamo. El proyecto en discusión propone unificar y concesionar el sistema de estacionamiento medido en Quilmes, Bernal y Quilmes Oeste, con controles electrónicos y sanciones definidas. Los cuidacoches sostienen que la iniciativa los dejaría sin ingresos y reclaman mecanismos de inclusión y alternativas laborales.Cruce entre referentes

En medio de la tensión, el dirigente social Juan Grabois criticó el operativo y la gestión municipal; la intendenta Mayra Mendoza respondió públicamente, difundiendo un audio en el que cuestiona la actitud del dirigente y lo acusa de fomentar la violencia. El intercambio expuso diferencias sobre la estrategia para abordar el conflicto social y la gestión del orden público.•     Municipio: reclamó restablecer el orden y defendió la necesidad de regular el estacionamiento para mejorar la circulación y la seguridad vial.

Organizaciones sociales: pidieron audiencias públicas y medidas de protección para quienes dependen del trabajo informal.

Vecinos y comerciantes: expresaron preocupación por los cortes y la pérdida de actividad comercial en la zona céntrica.
Impacto y posibles consecuencias

El episodio pone en evidencia la tensión entre políticas de ordenamiento urbano y demandas de inclusión social, y podría profundizar divisiones internas en el espacio político local. Especialistas consultados por distintos medios advierten sobre el riesgo de escalada si no se abren canales de diálogo y se ofrecen alternativas laborales concretas para quienes quedarían afectados por la regulación.

El Concejo Deliberante continuará con el tratamiento del proyecto en los próximos días; desde distintos sectores se reclamó la convocatoria a audiencias públicas y la búsqueda de acuerdos que permitan compatibilizar la formalización del servicio con medidas de protección social para los trabajadores informales.