EDICIÓN - AÑO 1 
Las fuerzas de seguridad desplegaron alrededor de 2.500 efectivos, apoyados por helicópteros, vehículos blindados, drones y maquinaria para abrir paso entre barricadas, en una ofensiva destinada a capturar a cabecillas del Comando Vermelho y desarticular redes de tráfico de drogas, armas y lavado de dinero.
El ingreso de las tropas comenzó antes del amanecer con bloqueos en autopistas y cierre de avenidas estratégicas; la respuesta de los grupos armados incluyó barricadas, vehículos incendiados y enfrentamientos armados que se extendieron gran parte del día, lo que generó escenas descritas por residentes y autoridades como propias de un conflicto bélico.
Las autoridades informaron la incautación de decenas de fusiles de alto calibre y la detención de más de 80 personas, y señalaron como objetivo a jefes regionales del Comando Vermelho, entre ellos figuras identificadas por la fiscalía como responsables de coordinar actividades criminales desde esos complejos habitacionales.
El balance oficial difundido en distintas coberturas señala cifras provisionales aparecen como más de 60 muertos, con al menos cuatro agentes fallecidos entre las víctimas y más de 80 detenciones registradas hasta el cierre de los partes iniciales.
Medios locales y agencias consignaron que, de acuerdo con la Policía Civil y fuentes del gobierno estatal, la mayoría de los fallecidos son presuntos miembros vinculados al narcotráfico, mientras que el operativo dejó además múltiples heridos y una paralización masiva de servicios en la zona afectada.
El gobernador Claudio Castro calificó la operación como una "respuesta del Estado" frente al "narcoterrorismo" y pidió mayor apoyo federal ante la dimensión del enfrentamiento, lo que reavivó el debate sobre la necesidad de cooperación entre niveles de gobierno para estas intervenciones.
Organizaciones de derechos humanos y analistas advirtieron sobre los riesgos de intervenciones de alta letalidad en favelas densamente pobladas, recordando episodios previos que generaron cuestionamientos por uso excesivo de la fuerza y por reportes de ejecuciones extrajudiciales en operativos anteriores.
El Comando Vermelho, fundado en 1979 en prisiones de Río, se consolidó como una de las principales organizaciones criminales de Brasil mediante una estructura descentralizada que combina control territorial en favelas y redes de narcotráfico y lavado de dinero, lo que convierte a complejos como Alemão y Penha en puntos estratégicos por su cercanía a vías logísticas de la ciudad.
Río de Janeiro ya vivió operativos de alta letalidad en ocasiones anteriores, y analistas señalan que la recurrencia de intervenciones militares-policiales sin soluciones integrales de política pública mantiene el ciclo de violencia y la fractura en la relación entre el Estado y las comunidades afectadas.
La jornada dejó suspensión de clases en decenas de escuelas, corte de servicios y desvíos en líneas de transporte que afectaron a cientos de miles de residentes; los vecindarios vivieron miedo y paralización comercial mientras las fuerzas permanecían en alerta ante posibles represalias de grupos armados.
