EDICIÓN - AÑO 1 
Qué establece la norma
Derecho del consumidor: las personas usuarias podrán optar por operar por sí mismas el datáfono sin entregar la tarjeta ni el DNI al proveedor del bien o servicio.
Obligación de los comercios: los establecimientos deberán facilitar la utilización directa del equipo por parte del cliente, sea mediante la reubicación del terminal, el uso de extensores o la implementación de sistemas inalámbricos.
Ámbito de aplicación: alcanza a todos los proveedores públicos y privados adheridos al sistema de tarjetas que operen en la provincia.
Plazo de adecuación y medidas operativas
90 días de adaptación: desde la entrada en vigor de la ley los comercios tendrán noventa días para cumplir con las exigencias técnicas y organizativas.
Capacitación y señalización: el período de adaptación incluye la formación del personal en los nuevos procedimientos y la instalación de señalética o instrucciones claras para que los clientes sepan que pueden operar el datáfono por sí mismos.
Autoridad de aplicación: el Poder Ejecutivo provincial determinará el organismo encargado de supervisar el cumplimiento y de coordinar campañas informativas.
Régimen sancionatorio: el incumplimiento será pasible de sanciones previstas en la normativa provincial aplicable a las relaciones de consumo.
Medios provinciales y organizaciones de defensa del consumidor destacan que la ley responde a una demanda por mayor seguridad en las transacciones y a prácticas comerciales que, en algunos casos, facilitaron el acceso indebido a datos y clonaciones. El sector comercial advierte sobre costos de adaptación y la necesidad de tiempo y asistencia técnica para actualizar equipos, mientras consumidores y especialistas en seguridad informática valoran positivamente el avance normativo al considerar que reduce riesgos en el punto de venta.
La norma introduce un cambio operativo y cultural en la relación entre comercios y consumidores al priorizar la custodia del plástico y los datos personales por parte del titular. Si se cumplen los plazos y las acciones de fiscalización y difusión, la medida puede traducirse en una disminución de maniobras fraudulentas y en mayor confianza en los pagos electrónicos dentro de la provincia
