EDICIÓN 365 - AÑO 2
El corazón del problema es un déficit crónico de capacidad de generación: la UNE ha informado déficits recurrentes que en días concretos llegaron a estimarse por encima de 1.500 y hasta 1.800 MW en horarios pico, situación agravada por la salida de unidades térmicas por averías, mantenimientos y la carencia de combustibles y lubricantes esenciales para su funcionamiento. Plantas termoeléctricas con décadas de explotación presentan fallas constantes y la falta de divisas limita la compra de repuestos y combustibles, lo que mantiene fuera de servicio numerosas unidades de generación distribuida y centrales menores clave para el equilibrio del sistema.
Los cortes de hasta 20 horas en varios territorios han afectado la vida doméstica y la provisión de servicios básicos, deteriorando la cadena de frío, el suministro de agua en sectores que dependen de bombas eléctricas y la actividad productiva y turística del país, que ya registra caídas en la llegada de visitantes. La combinación de penurias en energía, escasez de alimentos y agua potable ha generado episodios de protesta y malestar social en distintas localidades, un síntoma de la presión acumulada sobre la población urbana y rural.
El gobierno ha señalado a las averías en centrales termoeléctricas y a las sanciones externas como factores que explican la crisis, y ha impulsado la instalación de 32 parques fotovoltaicos que, según datos oficiales, incrementaron la generación renovable del país. Sin embargo, el aporte fotovoltaico —aunque relevante en términos absolutos— aún no compensa el déficit estructural, sobre todo en horarios nocturnos y en pico de demanda cuando la generación térmica es imprescindible. Las autoridades reconocen el problema pero admiten la necesidad de inversiones masivas —estimadas por expertos en miles de millones de dólares— para la rehabilitación integral del sistema eléctrico nacional.
Ante los apagones, una porción de la población ha recurrido a soluciones privadas como kits fotovoltaicos y generadores, lo que ha expuesto nuevas brechas sociales: el acceso a sistemas solares depende de divisas y ahorros que muchas familias no poseen, y la oferta privada ha crecido a pequeña escala sin resolver la vulnerabilidad energética de la mayoría. Las ONG y técnicos independientes proponen una combinación de medidas: acelerar inversiones en generación renovable distribuida, rehabilitar las termoeléctricas prioritarias, asegurar importaciones de combustibles críticos y desplegar programas de eficiencia energética y gestión de demanda que reduzcan la presión sobre el sistema en horarios pico.
A corto plazo, la continuidad de los apagones dependerá de la reparación y puesta en marcha de unidades térmicas averiadas, del abastecimiento de combustibles y del ritmo de integración de nuevas plantas fotovoltaicas al SEN. A mediano y largo plazo, especialistas advierten que la recuperación exige financiamiento externo significativo y una estrategia técnica que combine rehabilitación de la infraestructura tradicional con un despliegue estructurado de renovables y redes de distribución modernizadas; sin esa hoja de ruta, la crisis podría prolongarse con consecuencias sociales y económicas crecientes.
La crisis energética cubana es al mismo tiempo técnica y política: responde a fallas operativas y a una infrafinanciación histórica del sector, y plantea dilemas sobre prioridades de inversión, equidad en el acceso a soluciones privadas y la capacidad estatal para ejecutar una transición energética sostenida. Mientras tanto, la vida cotidiana de millones de cubanos sigue marcada por la incertidumbre de los cortes y la búsqueda de alternativas para mitigar sus efectos inmediatos.
