Santiago Mignone, presidente de IDEA, cerró el 61° Coloquio con un reclamo tajante: “No podemos tener una economía que tiembla por un proceso electoral y la irresponsabilidad de sus actores” y advirtió que “ya no hay espacio para seguir dilatando las soluciones”, al exigir estabilidad institucional y políticas de largo plazo para proteger a los sectores más vulnerables.
Federico Sturzenegger, ministro de Desregulación y Transformación del Estado, responsabilizó directamente al sector privado por la falta de avances en la reforma laboral: “Les dimos libertad y no hacen nada”, dijo al recordar que el Gobierno delegó en cada rama productiva la posibilidad de rediseñar el esquema de cese laboral y las indemnizaciones, y que esa instancia no prosperó como esperaba el Ejecutivo.
Ambos discursos confluyeron en la urgencia de cambios estructurales para evitar crisis recurrentes: IDEA puso énfasis en la necesidad de reglas claras y previsibilidad macroeconómica, mientras que Sturzenegger focalizó en bajar costos laborales, reducir la informalidad y eliminar cargos compulsivos en convenios que calificó como “peajes” que distorsionan la competitividad.
IDEA reclamó políticas de largo plazo y compromisos capaces de sostener inversión y empleo; el ministro detalló la propuesta de que cada sector decida si mantiene indemnizaciones tradicionales o avanza hacia un fondo de cese similar al de la construcción, además de impulsar la eliminación de aportes obligatorios incluidos en convenios y la descentralización de paritarias.
Los oradores advirtieron que la postergación de reformas acentúa la informalidad y erosiona el salario real, trasladando costos a los más vulnerables; Sturzenegger subrayó que la Argentina lleva una década sin crear empleo formal neto y que la mitad de la fuerza laboral sigue en la informalidad, lo que agrava la sostenibilidad del sistema social y la productividad.
El mensaje conjunto del Coloquio fue un llamado a responsabilidad compartida: IDEA exigió mayor certidumbre institucional y políticas de largo plazo, y el Gobierno pidió protagonismo del sector privado para avanzar en la reforma laboral y en medidas que reduzcan costos del trabajo; la concreción de esos cambios dependerá ahora de negociaciones sectoriales, impulso político y la respuesta de cámaras empresarias y sindicatos.
