El Gobierno inicia la privatización de AySA
En una decisión que redefine el manejo del servicio de agua potable y saneamiento en la Capital Federal y gran parte del Conurbano bonaerense, el Ejecutivo nacional anunció el proceso de privatización de la empresa Aguas y Saneamientos Argentinos (AySA). La medida contempla una licitación pública internacional para seleccionar al nuevo operador y la venta de las acciones de la compañía a inversores privados.
El ministro de Obras Públicas, Juan Pérez, explicó que el objetivo central es “atraer capitales que impulsen inversiones millonarias en infraestructura y tecnología, mejorando la calidad y continuidad del servicio”. Según sus estimaciones, el plan demandará una inversión inicial de más de 1.500 millones de dólares en cinco años, destinados a renovar redes de distribución, plantas de tratamiento y ampliar la cobertura en los barrios más postergados.
El llamado a licitación se publicará en las próximas semanas y estará abierto tanto a consorcios locales como a multinacionales del sector. La concesión, que durará inicialmente 30 años con opción a prórroga, incluirá cláusulas de control estatal estricto, mecanismos de penalizaciones por incumplimientos y revisiones tarifarias semestrales atadas a índices de inflación y calidad de servicio.
Entre los puntos más controvertidos, el Ejecutivo impulsa la venta directa de las acciones de AySA, actualmente en manos del Estado, a un precio que aún no se ha definido. El esquema prevé un fideicomiso de administración de los fondos recaudados, que se destinará a proyectos de saneamiento y a mejoramiento de sistemas cloacales.
Los barrios del Conurbano manifestaron expectativas encontradas. Mientras algunos vecinos esperan mejoras en la presión del suministro y la reducción de cortes, otros reclaman garantías sobre las tarifas sociales y la continuidad de planes de exención a familias vulnerables y ampliación del área de cobertura.
Expertos en regulación de servicios públicos advierten que el éxito de la privatización dependerá de la rigurosidad con que el Estado ejerza la supervisión. “Sin un ente regulador independiente y con suficientes recursos, existe el riesgo de que las empresas prioricen la rentabilidad sobre la inversión en zonas de menor rentabilidad económica”
A lo largo de sus más de 20 años de gestión estatal, AySA alcanzó a abastecer de agua potable a más de 14 millones de usuarios y duplicó su capacidad de tratamiento cloacal. No obstante, áreas de concesión continua con postergación en la ampliación del área de servicio y mejoras en la calidad del servicio prestado.
El Gobierno planea que el proceso de licitación se extienda hasta fin de año, con adjudicación prevista para el primer trimestre de 2026. A partir de allí, se activará un cronograma de transferencia progresiva de activos y responsabilidades, mientras el Estado mantendrá una participación minoritaria en calidad de veedor y regulador.
En los próximos meses se conocerán las propuestas técnicas y financieras de las compañías interesadas. El desenlace de esta licitación marcará un antes y un después en la gestión del recurso más vital para la región metropolitana.
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