El texto legislativo introduce penas de entre 5 y 90 días de arresto efectivo, independientemente de la modalidad bajo la cual se solicite dinero. El proyecto elimina la figura de la “contribución voluntaria” y aclara que toda forma de cobro será sancionada, incluso si se presenta como una propina o pago espontáneo.
Además, se habilita el decomiso inmediato de los elementos, como baldes, escurridores, cepillos, trapos y conos, con el objetivo de impedir la continuidad de la actividad en la vía pública.
La iniciativa contempla un esquema de agravantes que endurece significativamente las penas:
Violencia o intimidación: Si el infractor ejerce amenazas, hostigamiento o presión sobre los conductores, las sanciones se duplican.
Ocultamiento de identidad o portación de armas impropias: Se agrava la pena cuando los involucrados actúan con el rostro cubierto o portan elementos como palos, botellas o cuchillos.
Eventos masivos: En zonas de recitales, partidos de fútbol o espectáculos, la prohibición de concurrencia puede extenderse hasta 240 días.
Uno de los ejes centrales del proyecto es la desarticulación de las bandas que coordinan el negocio callejero. Para los líderes, jefes u organizadores de grupos de cuidacoches, se establecen penas de 60 a 90 días de arresto ineludible.
El texto también prevé sanciones para terceros que faciliten o promuevan la actividad: clubes deportivos, productoras de espectáculos o entidades que permitan el accionar de los “trapitos” en sus inmediaciones podrán recibir multas económicas significativas.
La propuesta de Montenegro promete abrir una discusión intensa en la Legislatura provincial, en un contexto donde municipios del conurbano y del interior reclaman mayores herramientas para ordenar el espacio público y enfrentar prácticas que, según sostienen, se encuentran cada vez más vinculadas a mafias locales.
El proyecto se inscribe en una tendencia regional hacia la regulación estricta de estas actividades y plantea un escenario de debate sobre seguridad, convivencia urbana y el rol del Estado en la administración del espacio público.
