Un fuerte operativo conjunto puso fin a una de las postales más polémicas y arraigadas de la costa atlántica. Durante la madrugada de este jueves, maquinarias municipales derribaron la histórica feria de venta de indumentaria y artículos varios ubicada en la Rambla de Mar del Plata, frente a la popular playa Bristol, conocida popularmente como "La Saladita marplatense".
El procedimiento comenzó el miércoles al mediodía con un allanamiento ordenado por la Justicia Federal en el marco de una causa que investiga presuntas infracciones a la Ley de Marcas. Tras el secuestro masivo de mercadería y el labrado de actas a los infractores, la tensión fue en aumento. Los trabajadores intentaron resistir en el lugar para evitar la pérdida de sus puestos argumentando tener todo en regla, pero pasadas las 2 de la mañana, un amplio cordón de Prefectura Naval y la Policía de la Provincia de Buenos Aires despejó la zona.
Poco después, topadoras y camiones de las áreas de Servicios Urbanos e Inspección General de la municipalidad, bajo la coordinación del Ejecutivo local desde el Centro de Operaciones y Monitoreo (COM), avanzaron sobre las estructuras de chapa y madera. Antes del amanecer, el predio quedó completamente arrasado y despejado.
El frente judicial y el impacto social
La intervención priorizó el encuadre judicial sobre la comercialización de productos, ejecutando el desalojo como consecuencia directa del allanamiento federal. Sin embargo, la medida generó un fuerte impacto social y un inmediato contrapunto político.
Desde el Sindicato de Vendedores Ambulantes (SIVARA), el representante Walter Rivero advirtió sobre el drama laboral de la decisión judicial y ejecutiva: "En la feria funcionaban 70 puestos que daban trabajo directo a unas 200 familias. Si los desalojan, no van a tener para comer", denunciaron los feriantes, al tiempo que sus representantes legales exigieron la devolución de los bienes asegurando que la mercadería incautada había sido adquirida por vías legales.
En el ámbito político, el senador provincial e intendente en uso de licencia, Guillermo Montenegro, avaló el accionar de la Justicia. "Están allanando la feria ilegal en la Rambla gracias a la denuncia penal que presentamos. En Mar del Plata la ley se cumple. Se terminó el vale todo", sentenció. Por su parte, sectores de la oposición local cuestionaron a la gestión oficialista, acusándola de no haber avanzado en los procesos de licitación y ordenamiento del espacio público durante los años previos al operativo
