Malena Galmarini propone prohibir el uso de celulares en las cárceles bonaerenses

En medio de una creciente preocupación por las estafas virtuales y las extorsiones telefónicas, la senadora bonaerense Malena Galmarini (Frente Renovador) presentó un proyecto de ley en la Legislatura provincial que busca prohibir de manera definitiva la tenencia y el uso de teléfonos celulares en todas las cárceles de la provincia de Buenos Aires. La iniciativa apunta a desarticular las redes delictivas que operan desde el interior de los pabellones engañando a ciudadanos en toda la región.

El eje central de la propuesta establece la instalación obligatoria de inhibidores de señal en la totalidad de los establecimientos penitenciarios bonaerenses, otorgando al Poder Ejecutivo un plazo máximo de 180 días para su implementación una vez aprobada la norma. Además, el texto exige un refuerzo en los controles tecnológicos y las requisas permanentes para bloquear el ingreso de dispositivos móviles de contrabando.

"El sistema penitenciario no puede seguir siendo una oficina desde donde se cometen delitos. Las cárceles no pueden funcionar como call centers del delito", fundamentó Galmarini al presentar la iniciativa. El proyecto subraya que, si bien se restringe el uso de dispositivos personales, el Estado debe garantizar el contacto de las personas privadas de su libertad con sus familiares y abogados defensores mediante sistemas de comunicación fija que estén debidamente supervisados.

El debate por la telefonía móvil en las prisiones había quedado bajo la lupa tras la habilitación excepcional otorgada durante la pandemia. Hoy, la propuesta de Galmarini parece encontrar un terreno fértil para su tratamiento, coincidiendo con iniciativas similares impulsadas por otros espacios políticos, como La Libertad Avanza  promueve la "Ley Rodrigo" tras el trágico caso de un joven extorsionado, el PRO y el radicalismo. Este consenso transversal refleja la urgencia de dar una respuesta institucional a las víctimas de secuestros virtuales y fraudes.

Actualmente hay un registro de casi 50.000 líneas de telefonía celular operativas dentro de un sistema penitenciario bonaerense que aloja a 59.000 internos.

Esta cifra oficial expone una realidad insoslayable: más del 84% de la población carcelaria tiene acceso a un dispositivo móvil. La situación, originada como una medida de excepción durante la pandemia, marca el descontrol de una normativa que terminó facilitando que muchos pabellones operen como bases para el fraude telefónico y la extorsión a los vecinos de la región y del país.

Frente a la contundencia de estos números, la urgencia por avanzar con la instalación de inhibidores de señal y la prohibición definitiva de los equipos se vuelve el eje central de la discusión legislativa e institucional.