EDICIÓN 365 - AÑO 2
BUENOS AIRES — En una extensa y tensa sesión, el Senado de la Nación aprobó las modificaciones a la Ley Nacional de Glaciares (26.639). Con 40 votos afirmativos, 31 negativos y una abstención (la neuquina Julieta Corroza), la iniciativa impulsada por el gobierno obtuvo la media sanción y ahora deberá ser debatida en la Cámara de Diputados para convertirse definitivamente en ley.
El oficialismo de La Libertad Avanza logró tejer una mayoría sólida gracias al respaldo del PRO, parte de la UCR, bloques provinciales y, de manera decisiva, el apoyo de senadores peronistas vinculados a provincias con fuerte desarrollo minero, como el sanjuanino Sergio Uñac y la catamarqueña Lucía Corpacci.
El eje central de la reforma apunta a redefinir el alcance de las áreas protegidas. Se trata de un reclamo histórico del sector minero, que argumentaba que la redacción original de 2010 generaba "incertidumbre jurídica" y frenaba inversiones multimillonarias, especialmente en proyectos de cobre y litio en la Cordillera de los Andes.
Los tres cambios principales que introduce el texto aprobado son:
Redefinición del área protegida: Ya no toda la zona periglaciar quedará automáticamente bajo resguardo restrictivo. La nueva normativa establece que solo estarán protegidas de forma absoluta aquellas formaciones de hielo (como los "glaciares de escombros") que demuestren, mediante estudios técnico-científicos de campo, tener una función hídrica efectiva y estratégica para el abastecimiento de agua.
Mayor autonomía provincial: Las provincias tendrán ahora más facultades para intervenir junto al Instituto Nacional de Glaciología (IANIGLA) en el inventario de glaciares, decidiendo qué territorios específicos proteger y cuáles habilitar para actividades productivas.
Evaluación ambiental: Se mantiene la prohibición de liberar contaminantes, pero se habilita a que los proyectos extractivos puedan avanzar si demuestran, a través de exhaustivos estudios de impacto ambiental, que no afectarán de manera significativa las reservas de agua de la cuenca.
El debate en el recinto reflejó la histórica tensión entre el desarrollo económico minero y la preservación ecológica. Desde el oficialismo y los sectores aliados, argumentaron que el país necesita dejar atrás la confrontación entre ambiente y economía para poder destrabar inversiones urgentes. Aseguraron, además, que la protección del agua está garantizada.
En contraste, gran parte del bloque de Unión por la Patria y senadores de provincias patagónicas (como los de Santa Cruz, que votaron en contra) denunciaron que la reforma quiebra el piso de protección ambiental nacional para favorecer a corporaciones mineras, delegando la responsabilidad ecológica al interés económico de cada gobernador.
La tensión también se trasladó a las calles. En las afueras del Congreso, organizaciones ambientales y sociales protagonizaron fuertes protestas en defensa de las reservas de agua, que derivaron en incidentes y detenciones luego de que algunos activistas intentaran saltar las rejas del Palacio Legislativo.
El proyecto, que según estimaciones del sector extractivo podría liberar el camino para inversiones de hasta 30.000 millones de dólares en la alta montaña, se encamina ahora a la Cámara Baja. Allí, el oficialismo deberá revalidar sus consensos para sancionar de forma definitiva una de las reformas estructurales más polémicas de la agenda económica y ambiental del año.
