EDICIÓN - AÑO 1 
(Buenos Aires) — En una rápida respuesta tras la jornada de violencia vivida en las inmediaciones del Palacio Legislativo, el Gobierno Nacional anunció este sábado que ha logrado identificar a 17 personas involucradas directamente en los destrozos y ataques a las fuerzas de seguridad.
La confirmación llegó a través de fuentes oficiales del Ministerio de Seguridad, quienes detallaron que el reconocimiento de los sospechosos fue posible gracias al análisis de las cámaras de videovigilancia de la Ciudad, drones y material fílmico aportado por canales de noticias.
Denuncia por terrorismo y sedición
El punto más controvertido y contundente de la medida es la calificación legal elegida por el Ejecutivo. La denuncia presentada ante la Justicia Federal no solo acusa a los manifestantes de "daños" o "resistencia a la autoridad", sino que solicita que se los investigue por "terrorismo" y "atentado contra el orden constitucional".
Según el escrito presentado por los abogados del Ministerio, el accionar de estos grupos —que incluyó la quema de vehículos, destrucción de veredas para obtener proyectiles y el lanzamiento de bombas molotov— tuvo como fin "aterrorizar a la población" y "condicionar la votación de un poder del Estado", lo que encuadraría en las agravantes previstas por el Código Penal.
Operativo y detenidos
De los 17 identificados, la Policía Federal confirmó que ya se han efectuado las primeras detenciones en diversos allanamientos realizados esta madrugada en el conurbano bonaerense y la Capital Federal. Los detenidos fueron puestos a disposición del juzgado federal de turno y permanecen incomunicados.
"No vamos a permitir que un grupo de violentos secuestre la democracia. El que las hace, las paga, y esta vez la calificación será ejemplar", declararon desde la cartera de Seguridad.
La situación procesal
La aplicación de la figura de terrorismo cambia drásticamente el escenario judicial para los detenidos. Al tratarse de un delito federal con penas elevadas, se dificulta la posibilidad de solicitar la excarcelación inmediata durante el proceso. La defensa de los organismos de Derechos Humanos ya anticipó que apelará la calificación, considerándola "desproporcionada" y un intento de "criminalizar la protesta social".
Mientras tanto, el Gobierno aseguró que el análisis de imágenes continúa y no descartan nuevas detenciones en las próximas horas.
