EDICIÓN 365 - AÑO 2
(Buenos Aires) — En una votación que marca un punto de inflexión en la política criminal argentina, la Cámara de Diputados dio media sanción este jueves 12 de febrero al proyecto de ley que crea el nuevo Régimen Penal Juvenil, cuyo eje central —y más polémico— es la reducción de la edad de imputabilidad de los 16 a los 14 años.
La iniciativa, que ahora deberá ser tratada por el Senado para convertirse en ley, busca reemplazar al vigente Régimen Penal de la Minoridad (Ley 22.278), una norma sancionada en 1980 que ha sido cuestionada transversalmente por su enfoque tutelar y la discrecionalidad que otorga a los jueces.
Un cambio de paradigma
El proyecto aprobado establece que los adolescentes de entre 14 y 18 años serán penalmente responsables por sus actos, aunque con un sistema procesal diferenciado del de los adultos. Según el texto girado a la Cámara Alta, el objetivo es garantizar el debido proceso, algo que la ley actual no contempla plenamente, al tiempo que se responde a una demanda social de mayor seguridad ante el delito juvenil.
Entre los puntos clave se destacan:
Imputabilidad a los 14 años: Los menores de esta edad podrán ser juzgados por delitos graves.
Penas máximas: Se establece un tope de entre 15 y 20 años de prisión, eliminando la posibilidad de dictar prisión perpetua para menores de edad, en consonancia con los tratados internacionales de Derechos Humanos.
Alternativas a la cárcel: Para delitos menores o penas bajas, el sistema priorizará medidas restaurativas, como la mediación penal, trabajos comunitarios y libertad asistida, dejando la privación de la libertad como un recurso de ultima ratio.
Centros especializados: Se prohíbe el alojamiento de menores en comisarías o cárceles comunes; deberán cumplir sus condenas en institutos especializados orientados a la reinserción y la educación.
Voces a favor y en contra
El debate en el recinto reflejó la profunda división que genera el tema. Desde el oficialismo y bloques aliados, se defendió la medida como una "deuda de la democracia" para terminar con la "puerta giratoria" y brindar respuestas a las víctimas. "No se trata de meter presos a los chicos, sino de que el Estado intervenga a tiempo cuando se comete un delito grave, con garantías pero con firmeza", argumentó el miembro informante de la comisión de Legislación Penal.
Por su parte, la oposición y diversas organizaciones de derechos de la infancia rechazaron la baja de la edad, advirtiendo que la medida criminaliza la pobreza y no soluciona el problema de fondo de la inseguridad. "El sistema penal no es la herramienta para resolver la exclusión social de los jóvenes", señalaron desde las bancadas opositoras, insistiendo en la necesidad de reforzar las políticas de prevención y educación.
El camino en el Senado
Con la media sanción asegurada, el proyecto pasa ahora al Senado, donde se espera un debate igual de complejo. Si bien existe consenso sobre la necesidad de derogar la ley de 1980, la reducción de la edad a 14 años sigue siendo el punto de fricción que podría obligar a negociaciones de último momento.
De aprobarse sin modificaciones, Argentina se sumaría a la lista de países de la región que han reformado sus sistemas penales juveniles, cerrando un capítulo legislativo que llevaba más de cuatro décadas pendiente.
