QUILMES - La tensión en el Acceso Sudeste no cede. Tras el reciente intento de toma de terrenos registrado ayer en las inmediaciones de la bajada de la Avenida San Martín, los vecinos de Bernal y Don Bosco han alzado la voz para señalar un responsable claro detrás de la recurrente conflictividad: la ausencia sistemática del Estado Municipal de Quilmes.
Si bien el operativo policial de las últimas horas logró dispersar una nueva ocupación, los habitantes de la zona denuncian que se trata de soluciones "parche" ante un problema estructural que el Ejecutivo local no atiende. "La policía viene, saca a la gente y se va. A las dos horas, o al día siguiente, vuelven a marcar el terreno. No hay patrullaje preventivo, no hay luces, no hay gestión urbana. El Municipio nos ha abandonado a nuestra suerte", relató un vecino de la calle Chaco, lindera a la traza.
Una problemática anunciada y desoída El conflicto no es nuevo, pero ha escalado peligrosamente en este inicio de 2026. Lo que comenzó con la instalación de casillas precarias aisladas, ha mutado en movimientos organizados que buscan lotear terrenos fiscales y espacios verdes residuales de la autopista.
Los vecinos aseguran haber presentado múltiples denuncias en el Centro de Atención Vecinal y ante las delegaciones correspondientes, solicitando limpieza, iluminación y cercado de los predios vulnerables. Sin embargo, la respuesta oficial brilla por su ausencia. "No aparecen. No hay asistentes sociales relevando la situación, ni personal de tránsito ordenando cuando cortan la autopista, ni funcionarios dando la cara. Sentimos que para el Municipio de Quilmes, esta zona no existe", sentencian desde el foro vecinal de seguridad.
Inseguridad y descontrol La falta de presencia estatal no solo facilita las usurpaciones. La "zona liberada" del Acceso Sudeste se ha convertido en escenario de delitos que van desde el robo piraña a automovilistas hasta los peligrosos "peajes" ilegales exigidos por grupos que cortan la traza con total impunidad.
Para los contribuyentes de Quilmes que viven en los barrios aledaños, la ecuación es desoladora: pagan tasas municipales por servicios y seguridad que no reciben, mientras ven cómo sus barrios quedan rehenes de una disputa territorial que la Intendencia parece no querer ver.
"Si el Municipio no interviene ya con una política seria de hábitat y seguridad, esto va a terminar en una tragedia", advierten los vecinos, que no descartan movilizarse al Palacio Municipal si la inacción persiste.
