EDICIÓN 365 - AÑO 2
BUENOS AIRES — La ofensiva judicial del Gobierno contra la conducción de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) sumó este martes un capítulo determinante. El juez en lo Penal Económico, Diego Amarante, aceptó formalmente a la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) —la estructura que reemplazó a la AFIP— como parte querellante en la causa que investiga el presunto desvío de más de $19.300 millones.
Esta decisión procesal, tomada tras la habilitación de la feria judicial de enero, otorga a los letrados del fisco facultades plenas para impulsar la investigación: podrán solicitar medidas de prueba, llamar a testigos, peritar cuentas y apelar resoluciones, convirtiéndose en un "motor" de la acusación contra Claudio "Chiqui" Tapia y el tesorero Pablo Toviggino.
La maniobra denunciada
El expediente se centra en la figura de "apropiación indebida de tributos" y "evasión agravada". Según la denuncia original presentada en diciembre, la Casa Madre del fútbol argentino habría retenido sumas millonarias en concepto de Ganancias y aportes a la Seguridad Social a los clubes y empleados, pero nunca giró esos fondos a las arcas del Estado dentro de los plazos legales.
"El dinero retenido no pertenece a la AFA, sino que es patrimonio del Estado desde el momento mismo en que se descuenta. No depositarlo no es una deuda, es una apropiación de fondos públicos", explicaron fuentes judiciales cercanas al expediente.
El período bajo la lupa abarca desde marzo de 2024 hasta septiembre de 2025. Para el fiscal de la causa, Claudio Navas Rial, existen elementos suficientes para sospechar que la cúpula de la AFA utilizó ese dinero —que debía ir al fisco— para financiar gastos corrientes y operativos de la entidad, generando un perjuicio fiscal multimillonario.
Tapia, en la mira
La resolución judicial complica el frente legal de Claudio Tapia. Si bien la defensa de la AFA, encabezada por el abogado Norberto Frontini, ya se presentó en el expediente argumentando que se trata de cuestiones administrativas subsanables, la imputación penal avanza.
Con ARCA sentada en la mesa de la acusación, se espera que en las próximas semanas se soliciten peritajes contables exhaustivos sobre los balances de Viamonte 1366 y se rastree la "ruta del dinero" no depositado.
Un trasfondo político
La causa no puede disociarse de la tensión política entre la Casa Rosada y la dirigencia del fútbol. Mientras el Gobierno impulsa el debate sobre las Sociedades Anónimas Deportivas (SAD), la AFA resiste. En este contexto, la aceptación de la querella es interpretada en los pasillos de Tribunales como una señal de que la causa no "dormirá" en un cajón, sino que tendrá un impulso político y técnico constante durante el año judicial que recién comienza.
