Mientras el fuego continúa arrasando hectáreas de bosque nativo en Chubut, la investigación judicial dio un giro decisivo con los allanamientos realizados en la zona de Puerto Patriada, específicamente en el asentamiento de la Lof Pulgar Huentuquidel. Lejos de tratarse de una medida aleatoria, fuentes de la investigación confirman que las pericias señalan ese sector como el "punto cero" del incendio, reforzando la teoría de que las llamas no fueron un accidente, sino un acto deliberado.
El gobernador de Chubut, Ignacio Torres, salió a respaldar fuertemente el accionar de la Policía y la Justicia, marcando una línea dura contra lo que califica como "pseudo-mapuches" que utilizan el fuego como herramienta de extorsión y toma de tierras.
La hipótesis del "Ecocidio Táctico"
Los investigadores trabajan sobre la pista de que el incendio fue provocado con acelerantes en puntos estratégicos de difícil acceso para los brigadistas. El objetivo, según la hipótesis oficial que maneja la provincia junto al Ministerio de Seguridad de la Nación, sería "limpiar" el terreno para posteriores ocupaciones ilegales.
"Lo que estamos viendo no es un reclamo ancestral, es un delito federal. Son delincuentes que se escudan en banderas de pueblos originarios para cometer atentados y usurpar tierras", declaró un alto funcionario de la seguridad provincial tras los operativos.
Durante el allanamiento a la comunidad en El Hoyo, los efectivos buscaron elementos combustibles y dispositivos de comunicación que pudieran vincular a los ocupantes con la Resistencia Ancestral Mapuche (RAM), organización a la que el Gobierno atribuye una sistemática campaña de sabotaje en la región andina.
Torres: "Se terminaron los privilegios"
El gobernador Torres fue categórico al referirse a los sospechosos: "Tienen que estar presos. No vamos a permitir que, por delirios revolucionarios o negocios inmobiliarios ilegales, sigan destruyendo nuestro patrimonio natural".
Desde el Ejecutivo provincial sostienen que existe un modus operandi repetido: Se inician focos de incendio en tierras fiscales o privadas valiosas. Tras el desastre ecológico, grupos radicalizados ocupan los predios alegando "recuperación territorial". Impiden el acceso a la Justicia y a los propietarios legítimos.
"La gente de bien en la Comarca está harta. Los verdaderos pobladores, sean mapuches o no, están combatiendo el fuego, no iniciándolo", agregaron desde la gobernación, marcando una clara diferencia entre las comunidades integradas y los grupos radicalizados bajo la órbita de la RAM.
La conexión con la RAM
La ministra de Seguridad de la Nación ha puesto a disposición recursos federales para investigar la conexión política detrás del fuego. Informes de inteligencia sugieren que células activas de la RAM habrían reactivado sus operaciones de sabotaje durante la temporada seca, aprovechando las condiciones climáticas extremas para causar el mayor daño posible al Estado y a los privados.
Si bien la defensa de la comunidad allanada alega persecución, la Justicia mantiene el secreto de sumario sobre los elementos incautados (celulares y documentación), los cuales serán peritados en las próximas horas para determinar si hubo coordinación previa al inicio de las llamas que hoy conmueven al país.
