EDICIÓN - AÑO 1 
La medida fue aprobada por el Ente Regulador de Agua y Saneamiento (ERAS) mediante la Resolución ERAS N° 53/25, publicada en el Boletín Oficial.
Dicha resolución contempla la restitución del mecanismo de actualización propuesto en Audiencia Pública de marzo de 2024 y aprobado en la Resolución SOP N° 9/2024 de la Secretaría de Obras Públicas, pero aplicándolo de manera progresiva y controlada.
Este mecanismo consiste en la aplicación de una fórmula polinómica que tiene en cuenta el índice de salarios (IS), el índice de precios internos al por mayor (IPIM) y el índice de precios al consumidor (IPC).
Cabe destacar que el programa de Tarifa Social continuará vigente para neutralizar el impacto del ajuste en los sectores vulnerables, y se mantendrá el descuento del 15% para los zonales bajos, que alcanzan al 48% de los usuarios residenciales, tanto quienes tienen uno como dos servicios.
Durante el año 2025, la tarifa tuvo una limitación excepcional que estableció un tope de actualización del 1% mensual, lo que generó un atraso respecto del esquema aprobado en la última revisión tarifaria.
En ese contexto, y junto con el proceso de desaceleración inflacionaria, el Gobierno Nacional decidió postergar la actualización para profundizar el proceso de eficientización de la empresa, mediante la reducción de gastos operativos y la optimización de recursos. AySA sostuvo este esquema limitado de actualización, absorbiendo el impacto mediante importantes esfuerzos de eficiencia.
El nuevo esquema no es retroactivo y permitirá reducir el atraso tarifario de manera gradual acompañado por un mayor control de gastos y mejoras operativas.
Tras haber alcanzado la eficiencia operativa, los ingresos derivados de la adecuación tarifaria estarán destinados a consolidar las inversiones previstas en el Plan de Transición, que incluye obras de mejora y mantenimiento del servicio y ordenamiento financiero para asegurar una operación sostenible en el tiempo.
Durante el primer trimestre del 2026, la empresa presentará un informe económico-financiero que permitirá definir la continuidad del proceso de convergencia tarifaria.
