El fallo, firmado por el juez de Garantías N° 5 de Tigre, Walter Saetone, ha generado una fuerte indignación en el entorno de la víctima y en la opinión pública. Si bien Quevedo continúa imputada por el delito de "homicidio culposo agravado", el magistrado consideró que no existe riesgo de fuga ni entorpecimiento de la investigación, permitiéndole transitar el proceso penal fuera de prisión.
Crónica de una tragedia evitable: El siniestro ocurrió en la mañana del domingo 28 de diciembre, cerca del ingreso al barrio privado Santa Bárbara. Olivera, de 49 años, caminaba por el costado de la ruta dirigiéndose a su trabajo en el complejo Nordelta, donde se desempeñaba en tareas de mantenimiento.
Según consta en el expediente, Quevedo conducía una camioneta Jeep Renegade color blanco. Las cámaras de seguridad de la zona captaron la secuencia: el vehículo mordió el cordón y embistió a Olivera desde atrás, lanzándolo varios metros y provocándole la muerte casi inmediata.
La víctima, residente de Malvinas Argentinas, iba a ser padre en pocos meses, ya que su pareja se encuentra cursando el tercer mes de embarazo. Su familia, devastada, denunció que la conductora "le robó la vida a un hombre vital y trabajador".
Polémica por la fianza y los antecedentes: La decisión de liberar a la acusada bajo una fianza de 3 millones de pesos contrasta con la gravedad de los hechos denunciados por la querella. Fuentes judiciales indicaron que el fiscal de la causa, José Amallo, no habría sido notificado a tiempo sobre la maniobra de excarcelación, lo que podría derivar en nuevos planteos judiciales para revocar el beneficio.
Además del resultado positivo de alcoholemia (el límite para particulares en la provincia es cero), trascendió que Quevedo, quien reside en Lomas de Zamora y posee un emprendimiento de artículos de yoga, tendría antecedentes de conductas imprudentes al volante. En redes sociales circularon videos previos de la imputada filmándose con su celular mientras conducía, una actitud que refuerza la hipótesis de negligencia al volante.
La familia de Olivera ha convocado a marchas y pedidos de justicia, exigiendo que la carátula cambie a dolo eventual y que la conductora espere la sentencia tras las rejas. "Pagó y se fue a su casa, mientras nosotros enterramos a Ramón", sentenciaron allegados a la víctima.
