EDICIÓN 365 - AÑO 2
El Tribunal Oral Federal N°1 resolvió absolver a la totalidad de los acusados luego de considerar que el alegato presentado por la Fiscalía careció de los requisitos técnicos mínimos para sostener la pretensión punitiva. Los jueces concluyeron que la acusación no individualizó hechos ni personas y que hubo una valoración deficiente de la prueba, lo que tornó jurídicamente inexistente el planteo fiscal y obligó a declarar su nulidad.
La absolución alcanza a Jorge Capitanich y Aníbal Fernández, únicos imputados que habían llegado al veredicto con pedidos de penas de prisión, así como al excoordinador del programa Gabriel Mariotto, al expresidente de la AFA Luis Segura y a otros directivos y representantes vinculados al convenio entre el Estado y la AFA durante 2009–2015. El Tribunal también rechazó el pedido fiscal de decomiso por 456 millones de pesos, solicitado por el Ministerio Público Fiscal.
La investigación se centró en presuntas irregularidades en el manejo de fondos públicos destinados a la televisación del fútbol argentino bajo el programa “Fútbol para Todos”, que funcionó entre 2009 y 2015. La Fiscalía había solicitado condenas que incluían penas de prisión y, en algunos casos, inhabilitaciones para ejercer cargos públicos, pero el Tribunal consideró que esos pedidos no estuvieron debidamente fundados en el alegato final.
La decisión fue comunicada en una audiencia virtual y adoptada por unanimidad del tribunal. Los fundamentos completos del fallo serán difundidos en una fecha posterior, cuando el Tribunal haga públicos los considerandos que explican punto por punto la nulidad del alegato fiscal. A partir de la publicación de esos fundamentos, el fiscal tendrá la posibilidad de apelar la nulidad y las absoluciones ante la Cámara Federal de Casación Penal, lo que mantiene abierta la vía recursiva en el proceso penal.
El fallo generó lecturas contrapuestas en el ámbito político y mediático: para los defensores de los imputados, la resolución confirma la ausencia de pruebas suficientes para sostener imputaciones penales; para críticos del proceso, la sentencia pone el foco en la actuación técnica de la Fiscalía y en la necesidad de reforzar la calidad de los alegatos en juicios complejos sobre fondos públicos.
Con la absolución, el expediente cierra por ahora una etapa judicial clave, pero no descarta recursos que podrían llevar la discusión a instancias superiores y prolongar el debate sobre responsabilidades administrativas y políticas en torno al financiamiento de la televisación del fútbol.
