La elección del 25 de noviembre remite al asesinato de las hermanas Patria, Minerva y María Teresa Mirabal en la República Dominicana en 1960, un hecho que se convirtió en símbolo de la lucha contra la violencia y la represión en América Latina. En 1999 la Asamblea General de las Naciones Unidas proclamó oficialmente la fecha como jornada internacional para visibilizar y combatir todas las formas de violencia contra las mujeres.
La campaña de la ONU para 2025, bajo el lema “ÚNETE para poner fin a la violencia digital contra las mujeres y las niñas”, advierte que las plataformas en línea se han transformado en espacios donde se reproducen nuevas formas de abuso —desde el acoso y la difusión no consentida de imágenes íntimas hasta la desinformación dirigida y el uso malicioso de herramientas de inteligencia artificial— y reclama respuestas legales, técnicas y de financiamiento por parte de gobiernos y empresas tecnológicas. La iniciativa también convoca a la sociedad civil a participar de los 16 días de activismo que culminan el 10 de diciembre, Día de los Derechos Humanos.
A nivel global, casi una de cada tres mujeres ha sufrido violencia física o sexual en algún momento de su vida, una cifra que subraya la magnitud del problema y la necesidad de políticas públicas integrales. Organismos como la UNESCO señalan que la inseguridad digital y la impunidad en línea agravan la exclusión y el silencio de mujeres en ámbitos públicos y profesionales, por lo que proponen medidas educativas y regulatorias para proteger a las víctimas y sancionar a los agresores.
En el país, los observatorios registran cifras alarmantes: en los primeros diez meses de 2025 se contabilizaron 191 femicidios y vinculados, con más de 190 hijos e hijas que quedaron sin madre, según informes locales que analizan la evolución de la violencia de género y la reducción de partidas presupuestarias destinadas a la protección de víctimas. Activistas y organizaciones reclaman la restitución de programas de acompañamiento y recursos presupuestarios efectivos para atención, prevención y acceso a la justicia.
Las actividades del 25 de noviembre buscan combinar la visibilidad con demandas concretas: leyes que tipifiquen la violencia digital, mayor presupuesto para atención integral, capacitación de fuerzas de seguridad y sistemas judiciales sensibles al género, y responsabilidad efectiva de las plataformas digitales para remover contenidos dañinos y proteger a las víctimas. El moño naranja y las campañas públicas recuerdan que la erradicación de la violencia requiere compromiso sostenido de gobiernos, empresas y ciudadanía.
