Nuevo revés para el Gobierno en el Senado.

La insistencia sobre la emergencia pediátrica obtuvo 59 votos a favor, 7 en contra y 3 abstenciones, mientras que la votación por la ley de financiamiento universitario alcanzó 58 adhesiones, 7 rechazos y 4 abstenciones, lo que permitió reunir la mayoría calificada necesaria para anular los vetos presidenciales.

El debate se extendió por más de seis horas y concentró críticas duras de la oposición hacia la política de ajuste del Gobierno; legisladores de distintos bloques defendieron la necesidad de asegurar fondos para salarios, insumos y becas, y destacaron al Garrahan como hospital de referencia nacional en pediatría de alta complejidad. Voces del oficialismo defendieron la decisión presidencial invocando criterios de sostenibilidad fiscal, aunque no alcanzaron los votos para sostener el veto.

La decisión fue celebrada por sindicatos docentes, centros de estudiantes y organizaciones vinculadas a la salud, que durante la jornada realizaron concentraciones y manifestaciones en apoyo a la aprobación y advirtieron sobre el riesgo que implicaría la falta de fondos para comedores, becas, investigaciones y atención pediátrica; en varias universidades se realizaron seguimientos y caravanas para respaldar la insistencia legislativa.

Con las leyes restablecidas, el Ejecutivo deberá promulgar los textos que incluyen actualizaciones presupuestarias por inflación acumulada y partidas adicionales para bienes, insumos, infraestructura y recomposición salarial para personal médico, residentes y trabajadores universitarios; según estimaciones oficiales y de la Oficina de Presupuesto del Congreso, las medidas implican una carga fiscal relevante en el corto plazo que el Gobierno deberá incorporar en su ejecución presupuestaria.

La derrota legislativa suma otro episodio de tensión entre el Poder Ejecutivo y el Parlamento a menos de un mes de las elecciones nacionales, y abre un nuevo capítulo en la negociación política por el destino de partidas esenciales para salud y educación, con la expectativa puesta ahora en los pasos administrativos del Gobierno para efectivizar los giros y en posibles impugnaciones o apelaciones políticas en las próximas semanas.