El Gobierno promulgó la Ley de Emergencia en Discapacidad, pero suspendió su aplicación por falta de financiamiento

La norma, impulsada por organizaciones de personas con discapacidad y aprobada por amplia mayoría en ambas cámaras, había sido vetada por el presidente Javier Milei en agosto. Sin embargo, el Congreso rechazó el veto con dos tercios de los votos, obligando al Ejecutivo a promulgarla. El Decreto 681/2025 oficializó la ley, pero también congeló su implementación.

Según estimaciones oficiales, la aplicación plena de la ley implicaría un gasto superior a los $3 billones en 2025, equivalente al 0,35 % del PBI. El paquete incluye la ampliación de pensiones no contributivas, el fortalecimiento del Programa Incluir Salud, y compensaciones económicas para prestadores del Sistema de Prestaciones Básicas.
“El Congreso debe definir las fuentes de financiamiento y aprobar su inclusión en el Presupuesto Nacional”, señala el decreto, que deja en suspenso la entrada en vigor de la ley hasta que se cumpla ese paso.

La decisión generó fuertes críticas entre especialistas en derecho constitucional y organizaciones del sector. Andrés Gil Domínguez, abogado constitucionalista, calificó la suspensión como “nula de nulidad absoluta”, argumentando que el Poder Ejecutivo no puede condicionar la aplicación de una ley ya promulgada por el Congreso.

Desde la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), se anunció un refuerzo presupuestario de $121 mil millones para actualizar pagos a prestadores, vigente desde el 1° de octubre. Aunque representa un alivio parcial, no sustituye los alcances de la ley suspendida.

La Ley de Emergencia en Discapacidad busca garantizar el acceso efectivo a prestaciones básicas, mejorar la cobertura de salud, y asegurar condiciones dignas para personas con discapacidad en todo el país. Su suspensión plantea un dilema entre la austeridad fiscal y los derechos adquiridos. Mientras tanto, organizaciones sociales preparan nuevas movilizaciones y acciones legales para exigir su implementación. El Congreso, por su parte, deberá definir si acompaña el financiamiento o si la ley queda atrapada en el limbo presupuestario.