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El Gobierno refuerza controles internos mientras avanza la causa ANDIS

En medio de la investigación judicial por presuntas irregularidades en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), el Gobierno nacional intensificó sus mecanismos de control y transparencia, buscando preservar el funcionamiento institucional y garantizar el debido proceso.

Actualidad26/08/2025 REDACCIÓN

A pocos días de las elecciones bonaerenses, el oficialismo enfrenta una situación compleja tras la difusión de audios que involucran al exdirector de la ANDIS, Diego Spagnuolo, y a empresarios vinculados a contrataciones públicas. Sin embargo, desde la Casa Rosada se activaron medidas concretas para colaborar con la Justicia y deslindar responsabilidades.

Cooperación judicial y señales de institucionalidad

•     El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, rompió el silencio el pasado viernes y negó vínculos con el esquema denunciado, subrayando que Spagnuolo no forma parte del círculo de confianza presidencial.

•     La entrega voluntaria del celular por parte del empresario Jonathan Kovalivker fue interpretada por fuentes oficiales como un paso que permitirá esclarecer los hechos y avanzar en la investigación sin obstrucciones.

•     El Gobierno autorizó allanamientos en dependencias públicas y domicilios particulares, sin interponer recursos legales que pudieran dilatar el proceso.

Mientras la causa judicial sigue su curso, los referentes de La Libertad Avanza continúan con sus actividades proselitistas en territorio bonaerense. El presidente Javier Milei encabezó un acto en Junín, donde evitó referirse directamente al caso, pero reafirmó su compromiso con la lucha contra la corrupción y la “vieja política”.

En paralelo, se fortalecieron los equipos legales y comunicacionales para contener el impacto mediático y garantizar que la campaña no se vea opacada por el escándalo. “La prioridad es que la Justicia actúe con independencia, y que los responsables respondan por sus actos”, señalaron desde el entorno de Karina Milei.

La causa ANDIS representa un test para la capacidad del Gobierno de sostener su narrativa de transparencia y cambio. Si bien las acusaciones son graves, el oficialismo apuesta a que la celeridad judicial y la colaboración institucional permitan separar responsabilidades individuales de la gestión general. En este contexto, analistas políticos advierten que el desenlace del caso podría redefinir el clima electoral en la provincia de Buenos Aires, donde la participación ciudadana se anticipa baja y el voto indeciso podría inclinar la balanza.

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