REDACCIÓN
La industria avícola argentina enfrenta uno de sus sacudones más fuertes de los últimos años. Granja Tres Arroyos (GTA), una de las firmas insignia del sector, atraviesa una crisis financiera terminal que ha empujado a las distintas sociedades del grupo —incluyendo a Wade S.A. y Avex S.A.— a solicitar formalmente la apertura del concurso preventivo de acreedores ante la Justicia.
Los números que explican el derrumbe son alarmantes. La compañía acumula un pasivo total cercano a los USD 350,9 millones, compuesto por compromisos financieros, comerciales, laborales y fiscales. El colapso en la cadena de pagos es tal que la firma registra más de $126.000 millones en cheques rechazados. Desde la cúpula directiva atribuyen este descalabro a una "tormenta perfecta": los estragos productivos que dejaron los recientes brotes de gripe aviar, la presión competitiva por la apertura de importaciones de pollo y el fracaso de las instancias de negociación privada con los acreedores.
Impacto laboral y despidos masivos
El frente financiero de la empresa tiene un correlato dramático en el plano social. Se calcula que ya hay más de 1.700 trabajadores afectados por despidos y suspensiones, con el envío masivo de telegramas en diversas dependencias que la firma tiene a lo largo del país.
El impacto territorial de la crisis golpea con especial dureza a la Provincia de Buenos Aires, dejando a cientos de familias sin ingresos en localidades como Capitán Sarmiento, Esteban Echeverría (El Jagüel), Pilar y Tristán Suárez. La sangría de puestos de trabajo también alcanzó a la provincia de Córdoba, afectando severamente las operaciones en la ciudad de Río Cuarto.
Sueldos impagos y la polémica oferta en Pilar
En las puertas de las fábricas, el reclamo es unánime. Los trabajadores denuncian deudas salariales que arrastran varios meses de atraso, además de la falta de pago de aguinaldos y vacaciones. La situación de asfixia financiera de la empresa, agravada por una catarata de embargos y medidas cautelares, llevó la tensión al límite en las últimas semanas.
El punto máximo de indignación se vivió en la planta bonaerense de Pilar, donde la compañía generó un fuerte repudio del arco gremial al ofrecer abonar parte de los salarios adeudados entregando pollos a los trabajadores, propuesta que fue inmediatamente rechazada por el sindicato por considerarla una burla ante la desesperación de las familias.
Intervención estatal y futuro judicial
Frente a la escalada del conflicto y la ola de cesantías, el Ministerio de Trabajo de la Provincia de Buenos Aires tuvo que intervenir dictando sucesivas conciliaciones obligatorias en un intento por frenar los despidos y normalizar temporalmente la situación de los suspendidos.
Mientras los portones de las plantas continúan siendo escenario de asambleas y protestas, la resolución del conflicto se traslada a los tribunales. Allí continúan las complejas disputas legales para definir el trámite conjunto de los concursos preventivos de las empresas del holding, en lo que promete ser un largo y espinoso proceso de reestructuración para evitar la quiebra definitiva de un gigante del sector avícola nacional.
