Laura Beatriz De Marinis: la jueza que desafió la Ley Penal Juvenil en la Ciudad

De Marinis inició su carrera en la Justicia en 2006, incluso antes de recibirse de abogada en la Facultad de Derecho de la UBA. Su recorrido la llevó por el Ministerio Público Fiscal y el Ministerio Público de la Defensa, donde en 2017 fue nombrada Prosecretaria de Cámara Letrada en la Secretaría de Intervención Penal Juvenil. En marzo de 2023 concursó para la judicatura y el 19 de diciembre de ese año juró ante el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad, apenas once días antes de enfrentar su primer caso de alto impacto.

El fallo que la colocó en el centro de la escena sostiene que la baja de edad de imputabilidad es regresiva y contraria a tratados internacionales como la Convención sobre los Derechos del Niño. “No podemos castigar a los niños por lo que no hicimos, por haberlos dejado en desamparo en su primera infancia”, escribió en su resolución. Aunque la decisión se limita al caso concreto, marca un precedente que podría ser replicado en otros tribunales.

No es la primera vez que la jueza genera controversia. En 2023 intervino en la causa del playero Arturo López, brutalmente golpeado en un garaje de Monserrat en 2021. Allí revocó la prisión domiciliaria del agresor, argumentando que la tobillera electrónica garantizaba su geolocalización, una medida que fue cuestionada por la familia de la víctima y que tuvo amplia repercusión mediática.

Las reacciones políticas no tardaron en llegar. El jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, anunció que impulsará un juicio político contra la magistrada. La senadora y exministra de Seguridad Patricia Bullrich acusó a los jueces “garantistas” de favorecer la impunidad. En contraste, organismos de derechos humanos respaldaron la resolución, señalando que la baja de edad de imputabilidad contradice estándares internacionales de protección a la infancia.

La figura de Laura Beatriz De Marinis sintetiza la tensión entre dos visiones opuestas: la que reclama mayor severidad frente al delito juvenil y la que defiende la protección integral de los derechos de niños y adolescentes. Su fallo, aunque limitado, se convirtió en un símbolo de esa disputa y en un punto de inflexión dentro del debate sobre el Régimen Penal Juvenil en la Argentina.