Marta Pascual, la jueza que puso en jaque la baja de imputabilidad en Buenos Aires

Perfil profesional y formación

Marta Pascual es abogada egresada de la Universidad Nacional de La Plata con posgrados en Derecho Público y Magistratura. A lo largo de más de tres décadas se especializó en justicia penal juvenil, combinando su labor judicial con la docencia y la consultoría en organismos internacionales. Ha sido reconocida por su trayectoria en políticas de infancia y adolescencia, y en 2025 recibió un Doctorado Honoris Causa de la Universidad Nacional de Almirante Brown.

Trayectoria y roles públicos

Pascual tuvo una carrera que atravesó tanto la gestión pública como el fuero judicial. Fue ministra de Familia y Desarrollo Humano de la Provincia de Buenos Aires y presidió el Consejo Provincial del Menor y la Familia. En el ámbito judicial se consolidó como referente del fuero juvenil en el departamento judicial de Lomas de Zamora, donde impulsa modelos de intervención orientados a la reparación y la reinserción.

Proyectos e iniciativas

Entre sus iniciativas más destacadas figura el programa “Involucrados”, una propuesta de justicia restaurativa que articula al Poder Judicial con municipios y universidades para promover la reinserción de jóvenes en conflicto con la ley. También impulsó proyectos de capacitación digital para jóvenes en situación de vulnerabilidad, buscando alternativas a la privación de libertad y fomentando la inclusión social como herramienta preventiva.

La suspensión de la ley y la polémica

Pascual dictó una medida cautelar que suspendió por 60 días la aplicación de la Ley Penal Juvenil provincial que bajaba la edad de imputabilidad de 16 a 14 años. En su fallo advirtió que la norma, sin la infraestructura y los recursos adecuados, podía transformar los centros de detención en “escuelas de delito” y agravar la problemática que pretende resolver. La resolución generó reacciones encontradas: sectores que celebraron la cautela por considerar que protege derechos y evita efectos adversos, y voces críticas que la acusaron de frenar una respuesta legislativa orientada a la seguridad.

La decisión también derivó en acciones legales en su contra: una asociación civil presentó una denuncia penal por abuso de autoridad, lo que profundizó la tensión entre el Poder Judicial, el Legislativo y organizaciones de la sociedad civil.

Un debate sobre el momento de la intervención

La medida de Pascual abrió además un interrogante sobre su oportunidad temporal: algunos analistas sostienen que la cautelar llega a destiempo, ya que la ley fue aprobada en febrero de este año y la vía judicial podría haberse activado entonces para plantear objeciones o exigir medidas complementarias antes de su puesta en marcha. Desde esa perspectiva, la intervención tardía habría perdido la oportunidad de forzar un debate técnico y planificado sobre recursos, infraestructura y protocolos de implementación, y en cambio expone al sistema a una resolución de urgencia que alimenta la polarización política. Otros, en cambio, defienden que la medida responde a la necesidad de frenar efectos inmediatos y concretos que, según la jueza, no podían esperar a procesos más largos. En cualquier caso, la discusión sobre el momento de la intervención subraya la falta de coordinación entre poderes y la urgencia de diseñar mecanismos preventivos que acompañen cambios normativos de alto impacto social.

Balance y perspectivas

La figura de Marta Pascual sintetiza la tensión entre dos demandas sociales: la exigencia de respuestas más duras frente a la inseguridad y la defensa de marcos jurídicos que respeten los derechos de la infancia y la adolescencia. Su intervención puso en evidencia problemas estructurales del sistema: falta de plazas, programas de contención insuficientes y la necesidad de políticas públicas integrales que acompañen cualquier cambio normativo.

Mientras avanza el proceso judicial y político alrededor de la ley, el fallo de Pascual obliga a una discusión más amplia sobre cómo y con qué recursos se implementan las políticas penales juveniles en la provincia. Para sus defensores, la medida fue una advertencia necesaria; para sus críticos, un freno que complica la gobernabilidad en materia de seguridad. En cualquier caso, su rol seguirá siendo central en los próximos capítulos del debate público.