Marta Pascual es abogada egresada de la Universidad Nacional de La Plata con posgrados en Derecho Público y Magistratura. A lo largo de más de tres décadas se especializó en justicia penal juvenil, combinando su labor judicial con la docencia y la consultoría en organismos internacionales. Ha sido reconocida por su trayectoria en políticas de infancia y adolescencia, y en 2025 recibió un Doctorado Honoris Causa de la Universidad Nacional de Almirante Brown.
Pascual tuvo una carrera que atravesó tanto la gestión pública como el fuero judicial. Fue ministra de Familia y Desarrollo Humano de la Provincia de Buenos Aires y presidió el Consejo Provincial del Menor y la Familia. En el ámbito judicial se consolidó como referente del fuero juvenil en el departamento judicial de Lomas de Zamora, donde impulsa modelos de intervención orientados a la reparación y la reinserción.
Entre sus iniciativas más destacadas figura el programa “Involucrados”, una propuesta de justicia restaurativa que articula al Poder Judicial con municipios y universidades para promover la reinserción de jóvenes en conflicto con la ley. También impulsó proyectos de capacitación digital para jóvenes en situación de vulnerabilidad, buscando alternativas a la privación de libertad y fomentando la inclusión social como herramienta preventiva.
Pascual dictó una medida cautelar que suspendió por 60 días la aplicación de la Ley Penal Juvenil provincial que bajaba la edad de imputabilidad de 16 a 14 años. En su fallo advirtió que la norma, sin la infraestructura y los recursos adecuados, podía transformar los centros de detención en “escuelas de delito” y agravar la problemática que pretende resolver. La resolución generó reacciones encontradas: sectores que celebraron la cautela por considerar que protege derechos y evita efectos adversos, y voces críticas que la acusaron de frenar una respuesta legislativa orientada a la seguridad.
La decisión también derivó en acciones legales en su contra: una asociación civil presentó una denuncia penal por abuso de autoridad, lo que profundizó la tensión entre el Poder Judicial, el Legislativo y organizaciones de la sociedad civil.
La medida de Pascual abrió además un interrogante sobre su oportunidad temporal: algunos analistas sostienen que la cautelar llega a destiempo, ya que la ley fue aprobada en febrero de este año y la vía judicial podría haberse activado entonces para plantear objeciones o exigir medidas complementarias antes de su puesta en marcha. Desde esa perspectiva, la intervención tardía habría perdido la oportunidad de forzar un debate técnico y planificado sobre recursos, infraestructura y protocolos de implementación, y en cambio expone al sistema a una resolución de urgencia que alimenta la polarización política. Otros, en cambio, defienden que la medida responde a la necesidad de frenar efectos inmediatos y concretos que, según la jueza, no podían esperar a procesos más largos. En cualquier caso, la discusión sobre el momento de la intervención subraya la falta de coordinación entre poderes y la urgencia de diseñar mecanismos preventivos que acompañen cambios normativos de alto impacto social.
La figura de Marta Pascual sintetiza la tensión entre dos demandas sociales: la exigencia de respuestas más duras frente a la inseguridad y la defensa de marcos jurídicos que respeten los derechos de la infancia y la adolescencia. Su intervención puso en evidencia problemas estructurales del sistema: falta de plazas, programas de contención insuficientes y la necesidad de políticas públicas integrales que acompañen cualquier cambio normativo.
Mientras avanza el proceso judicial y político alrededor de la ley, el fallo de Pascual obliga a una discusión más amplia sobre cómo y con qué recursos se implementan las políticas penales juveniles en la provincia. Para sus defensores, la medida fue una advertencia necesaria; para sus críticos, un freno que complica la gobernabilidad en materia de seguridad. En cualquier caso, su rol seguirá siendo central en los próximos capítulos del debate público.
