La provincia de La Rioja volvió a echar mano de una herramienta que ya había utilizado en 2024: la emisión de su propia cuasimoneda. Desde el lunes 17 de agosto, el gobierno de Ricardo Quintela puso nuevamente en circulación los Bonos de Cancelación de Deuda (BOCADE), popularmente conocidos como "Chachos", en momentos en que la provincia sigue siendo la única jurisdicción del país en situación de default.
La nueva emisión representa una inyección de aproximadamente $4.000 millones a la economía provincial La medida contempla una ayuda extraordinaria de 50.000 Chachos por persona, que alcanza a unos 80.000 beneficiarios Entre los destinatarios se encuentran empleados de planta del Gobierno provincial, trabajadores vinculados a la Administración Pública, jubilados de la Policía que perciben quincena, y beneficiarios de programas y contratos ligados al Estado riojano. La lista también incluye a docentes cuya liquidación depende del Ministerio de Educación provincial y a empleados municipales, ya que cada comuna organiza su propio operativo de pago.
En la capital riojana se habilitaron 24 cajas en distintos puntos de pago, mientras que en el interior provincial se dispuso un operativo simultáneo.
Los "Chachos" mantienen una equivalencia nominal de uno a uno con el peso y pueden utilizarse en comercios adheridos para el pago de impuestos provinciales, tasas municipales y servicios de empresas estatales. Según cifras oficiales, alrededor de 800 comercios de La Rioja aceptan actualmente los bonos, y el Ministerio de Hacienda provincial señaló que incluso recibió consultas de comercios de localidades cordobesas cercanas interesados en sumarse al esquema.
La vigencia de esta nueva tanda se extenderá hasta el 29 de diciembre de 2026, fecha en la que está prevista la instancia de rescate final. Quienes conserven los Chachos hasta el vencimiento recibirán un interés del uno por ciento, aunque desde el Gobierno remarcaron que el objetivo no es que la gente los atesore. El ministro de Hacienda riojano, Fabián Blanco, lo resumió así: "no es el espíritu especular guardándolos, sino que todo se vuelque al consumo dentro del circuito económico de la provincia".
El regreso de la cuasimoneda se da en un contexto de fuerte tensión financiera. La Rioja permanece como la única provincia del país en estado de default, tras no haber logrado regularizar sus compromisos con los tenedores de bonos internacionales. De hecho, pocos días antes de este nuevo relanzamiento, el propio gobierno provincial notificó a la Bolsa de Comercio de Buenos Aires que no pagará el vencimiento correspondiente a ese mes, con lo que la provincia continuará en cesación de pagos.
Desde la administración de Quintela justificaron la medida apuntando a la reducción de los recursos coparticipables y al ajuste nacional. El ministro Blanco explicó que la decisión busca atender un doble frente: "Los BOCADE fueron un éxito. Con esta medida podemos atender dos demandas: una, la del empleado, y otra, la del sector económico de la provincia", sostuvo el funcionario.
Por su parte, el presidente Javier Milei volvió a cruzar al mandatario riojano por la nueva emisión, a la que calificó como un "plan platita 2.0", en referencia a las críticas que ya había formulado en 2024 cuando los bonos circularon por primera vez.
Los "Chachos" no son una creación nueva. La cuasimoneda fue instituida en enero de 2024, cuando la Legislatura riojana, con mayoría del peronismo, aprobó la emisión de Bocades por 15.000 millones de pesos, en momentos en que podía destinarse hasta un 30% de los salarios estatales a este instrumento. En aquel entonces, aquellos bonos dejaron de circular el 31 de diciembre de 2024.
El nombre del bono es un homenaje al caudillo federal riojano Ángel Vicente "Chacho" Peñaloza. Según remarcan distintos registros periodísticos, se trata de la primera y única moneda emitida por una provincia argentina desde la crisis de 2001, cuando numerosas jurisdicciones del país recurrieron a este tipo de instrumentos ante la falta de circulante.
Por el momento, los 50.000 Chachos constituyen una asistencia de carácter extraordinario. Sin embargo, el propio Gobierno provincial no descarta darle continuidad en el tiempo. Según indicó el ministro Blanco, la administración de Quintela analiza la posibilidad de incorporar este monto de forma permanente al salario, aunque aclaró que esa eventual decisión dependerá de la evolución de las cuentas públicas y del diálogo con los gremios.
