El receso de invierno llegó a su fin, pero el regreso a las aulas en la Ciudad de Buenos Aires, la provincia de Buenos Aires se vio interrumpido este lunes 3 de agosto. La Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina (CTERA) convocó a un paro nacional de 24 horas que afecta a los niveles inicial, primario y secundario en todo el país.
Sin embargo, este conflicto tiene un componente inédito: es el primer gran test para el Gobierno nacional bajo la vigencia de la nueva reforma laboral.
Desde el fin de semana, el Ministerio de Capital Humano, encabezado por Sandra Pettovello, anticipó que no pasaría por alto la medida de fuerza. La reciente Ley de Modernización Laboral (Ley 27.802) estableció a la educación obligatoria (desde guardería hasta el secundario y educación especial) como un "servicio esencial".
Según el artículo 24 de dicha ley, ante conflictos colectivos de trabajo, los gremios están obligados a garantizar una cobertura mínima del 75% de la capacidad operativa habitual. Para asegurar su cumplimiento, el Gobierno activó un plan de contingencia:
Fiscalización in situ: Agencias territoriales están realizando controles e inspecciones en los establecimientos educativos para verificar el nivel de actividad y el dictado de clases.
Sanciones económicas y administrativas: El Ejecutivo advirtió que aplicará duras multas a las entidades sindicales que incumplan con la normativa.
Peligro de personería: Las autoridades nacionales dejaron trascender que, de persistir el incumplimiento de la ley, los gremios podrían llegar a perder su personería gremial, aunque reconocen que es un proceso legalmente complejo.
El artículo que declara a la educación como servicio esencial ya se encuentra judicializado. La Unión Docentes Argentinos (UDA), liderada por Sergio Romero, presentó un amparo y logró que un juzgado laboral de primera instancia suspendiera temporalmente la medida.
No obstante, el Gobierno apeló rápidamente ese fallo. Al hacerlo, logró que la exigencia del 75% de presencialidad permanezca plenamente vigente hasta que la cámara de apelaciones resuelva la cuestión de fondo. Ante este panorama, los sindicatos agrupados en la CGT evaluaron que desobedecer la norma podría exponer a los docentes a sanciones muy severas, lo que motivó a gremios como UDA a optar por clases públicas y volanteadas en lugar de ir al paro total.
CTERA, por su parte, decidió avanzar de todos modos con la huelga bajo la consigna "Basta de ajuste en la educación".
Más allá de la disputa por el derecho a huelga, el principal sindicato de maestros justificó la paralización de las escuelas argumentando una "permanente negativa" del Gobierno de Javier Milei a convocar la Paritaria Nacional Docente.
Entre sus principales exigencias se encuentran:
Recomposición salarial: Aseguran que el piso salarial quedó pulverizado frente a la inflación.
Con las aulas divididas entre la adhesión a la huelga y el temor a las inspecciones, la jornada de hoy marcará un precedente definitivo sobre cómo se aplicarán de aquí en más las restricciones a las protestas en los servicios considerados esenciales.
