La iniciativa, impulsada por las autoridades nacionales en coordinación con los organismos de seguridad internacionales y los organizadores del torneo, busca poner un freno a una problemática social histórica utilizando la pasión por el fútbol como principal herramienta de presión.
La medida es, en la práctica, una extensión internacional del programa Tribuna Segura, el cual tradicionalmente se utilizaba para aplicar el derecho de admisión a barrabravas o personas con antecedentes penales en los estadios argentinos.
Para este Mundial, el Ministerio de Seguridad vinculó las bases de datos del Registro de Deudores Alimentarios Morosos (RDAM) de las distintas provincias con el sistema de identificación de los aficionados (Fan ID) y el escaneo de pasaportes en los molinetes de los estadios en Estados Unidos, México y Canadá.
Si un ciudadano argentino con deuda de cuota alimentaria intenta escanear su entrada, el sistema emite una alerta automática y el personal de seguridad le deniega el acceso al recinto, sin excepciones ni posibilidad de apelación en el lugar.
La premisa de la medida es simple pero tajante: si un progenitor tiene los recursos económicos para viajar al exterior, pagar alojamiento y comprar entradas en dólares para un Mundial, debe tener sus obligaciones familiares al día.
El anuncio y la posterior aplicación de esta regla han generado un impacto inmediato. Organizaciones de defensa de los derechos de las infancias y asociaciones de madres que reclaman el pago de alimentos celebraron la decisión, calificándola como un acto de "justicia social y sentido común".
Además, fuentes judiciales confirmaron que, en los meses previos al inicio del torneo e incluso durante las primeras semanas de competencia, se registró un aumento récord en la regularización de deudas alimentarias y en la firma de convenios de pago. Muchos hinchas, al enterarse de que su entrada sería bloqueada o de que incluso podrían tener problemas migratorios al intentar salir del país, optaron por saldar sus obligaciones de manera urgente para no perderse la cita mundialista.
Esta medida sienta un precedente histórico a nivel global, demostrando que los megaeventos deportivos pueden ser utilizados como plataformas efectivas para garantizar el cumplimiento de las responsabilidades civiles y los derechos de los menores.
Según los datos oficiales compartidos por las autoridades argentinas con los organizadores del Mundial 2026 y las fuerzas de seguridad internacionales, el listado de infractores está compuesto de la siguiente manera:
13.000 deudores alimentarios: Es la cantidad aproximada de personas inscriptas en el Registro Público de Alimentantes Morosos (RPAM) cuyos datos fueron entregados a Estados Unidos, México y Canadá para bloquearles el acceso mediante el sistema de validación de identidad.
21.000 personas con derecho de admisión: A la lista de morosos se le sumaron aquellos hinchas con antecedentes de violencia en el fútbol (barrabravas) o antecedentes penales, quienes ya formaban parte del programa nacional Tribuna Segura.
En total, la nómina informada alcanza a 34.000 argentinos que tienen el ingreso estrictamente prohibido a los estadios durante la Copa del Mundo.
A modo de antecedente local sobre la aplicación de esta medida en 2026, los registros oficiales indicaron que en 91 operativos realizados en el país, el sistema ya había rebotado en los molinetes a 87 infractores antes de que la base de datos se internacionalizara para el Mundial.
